Culiacán, Sinaloa.- Por unanimidad, Comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Gobernación, y Derechos Humanos del Congreso del Estado de Sinaloa, aprobaron el dictamen que expide la Ley Para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, así como una adición al Código Penal.
En el Código Penal para el Estado de Sinaloa, diputadas y diputados adicionan Delitos Contra la Libre Expresión y Personas Defensoras de Derechos Humanos. Se aplicarán de seis meses a cuatro años de prisión y de doscientos a trescientos días multa, a quien:
- I. Utilizando violencia evite se ejerza la actividad periodística o de personas defensoras de derechos humanos; y
- II. Obstaculice, impida o reprima la libertad de expresión o la actividad realizada por personas defensoras de derechos humanos.
Las autoridades del Estado de Sinaloa deben implementar y operar las medidas de prevención, medidas de protección y medidas urgentes que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia del ejercicio de las actividades de defensa de los derechos humanos y del periodismo.
Toda agresión a personas defensoras de los derechos humanos y periodistas será atendida e investigada, por las autoridades correspondientes, de manera inmediata y oficiosa. Tanto la atención como la investigación adoptarán un enfoque de derechos humanos diferenciado, dependiendo, entre otros, los de identidad y perspectiva de género.
Congreso debe aprobar Ley de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas: Empresarios
Con el propósito de dar cumplimiento al objeto de esta Ley, se crea el Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas como un organismo autónomo del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, autonomía técnica, presupuestal y de gestión.
El Instituto será responsable de prevenir, atender y proteger a periodistas y personas defensoras de derechos humanos en los casos de agresiones.
El Instituto se integra por un consejo consultivo, una dirección general, un órgano interno de control y demás estructura que señale su reglamento interior, de conformidad con las disposiciones presupuestales aplicables.
Aprobada por el Pleno del Congreso esta ley y adición al Código Penal, dentro de los treinta días naturales siguientes a la entrada en vigor, el Congreso emitirá la convocatoria pública que deberá ser transparente para designar a las personas consejeras y a quien dirigirá al Instituto.
Aprobado el Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”.
Cabe mencionar que el dictamen aprobado por las Comisiones unidas pasará al Pleno para su lectura, discusión y votación.
