Culiacán, Sinaloa. – Luego de que la Fiscalía General de los Estados Unidos solicitara que se aplique la pena de muerte a personas migrantes indocumentadas con delitos graves, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) en Sinaloa manifestó su postura en contra de esta medida, pues lo que se busca a nivel mundial es eliminar la pena capital.
Hace unos días se dio a conocer que la recién nombrada fiscal de Estados Unidos, Pam Bondi, emitió un memorando con el cual pretende “revivir” la pena de muerte federal en casos de inmigrantes que hayan cometido delitos graves como asesinato, genocidio, traición, secuestro de altos funcionarios, entre otros, situación que habla de una completa descomposición por la que atraviesa el vecino país del norte, expresó Óscar Loza Ochoa, titular de la CEDH.
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“El Profe” Loza comentó que incluso a nivel mundial se trabaja en una campaña para desaparecer la pena de muerte en aquellas personas que cometieron delitos graves, lo cual aún se aplica en EU y otros países. Loza Ochoa indicó que lo que más le llamó la atención es que se busca aplicar a las minorías, por lo que dijo estar en contra de que se apruebe.
“Se supone que hay toda una campaña mundial para darle fin a lo que es la pena de muerte. Si una sociedad que se llame democrática, como presumen los Estados Unidos, no pueden contemplar una pena de este tipo. Otra de las cosas que llama la atención es para aplicarlas obviamente a minorías, no a la mayoría blanca”.
Loza Ochoa expresó que se tiene conocimiento de las personas que emigran de forma ilegal hacia los Estados Unidos, y entre ellos se encuentran miles de mexicanos y sinaloenses que buscan una mejor vida, por lo que espera que esta solicitud de pena de muerte a inmigrantes no sea aprobada.
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La petición de la nueva fiscal de EU
En sus primeros días como fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi ha implementado cambios significativos en la política de pena de muerte a nivel federal. A través de un memorándum, ha levantado el moratorio sobre las ejecuciones federales, impuesto durante la administración de Joe Biden, y ha establecido nuevos criterios que priorizan la pena capital en casos específicos.
El memorándum, emitido tras la llegada de Bondi el pasado 5 de febrero, permite reanudar las ejecuciones federales, algo que no ocurría desde 2021.
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Uno de los aspectos más impactantes de la nueva directriz es la orden de revisar todas las decisiones de no buscar la pena de muerte en casos federales entre el 20 de enero de 2021 y el 19 de enero de 2025, periodo que coincide con la administración Biden.
