Culiacán, Sin.- El Poder Ejecutivo sí tiene injerencia en el conflicto que se vive en la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), pues fue el ente encargado de publicar y oficializar la Ley de Educación Superior del Estado de Sinaloa, que es la que generó la diferencia entre las partes, argumentó Robespierre Lizárraga Otero.
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Ante esto, el encargado de Despacho de Rectoría de la casa de estudios reiteró su llamado al gobernador Rubén Rocha Moya para establecer un diálogo y solucionar este conflicto, a pesar de que el mandatario estatal ya respondió por distintas vías de que él no está involucrado.
“El llamado a debatir todos los temas del conflicto… El llamado es una instrucción del presidente (López Obrador) y es lo que nos conviene a todos”, dijo.
Lizárraga Otero aclaró que, salvo el documento oficial que hizo público el gobernador, no ha tenido comunicación directa con él y refrendó su invitación al diálogo, ya que a nadie le conviene tener una Universidad que está confrontada con las autoridades estatales.
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LA RESPUESTA DE ROCHA
El gobernador Rubén Rocha Moya reiteró que su administración no tiene ningún tipo de conflicto con la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).
El mandatario estatal respondió formalmente al documento que este mismo lunes se le entregó por parte del encargado de Despacho de Rectoría, Robespierre Lizárraga, y en donde le solicitaban establecer un diálogo entre ambas partes en cuanto fuera posible.
Lizárraga Otero pidió que dentro de ese dialogo también se deben de tratar los procesos penales que se llevan contra algunas autoridades universitarias.
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En respuesta, Rubén Rocha Moya enfatizó que en su administración siempre ha habido plena disposición para respaldar a la Universidad Autónoma de Sinaloa y jamás se ha limitado el apoyo para la comunidad universitaria, especialmente para sus estudiantes y su clase trabajadora.
Sin embargo, aclaró que todo lo correspondiente a las iniciativas para reformar la Ley Orgánica de la casa de estudios tendrá que dirimirse directamente ante el Congreso del Estado, que es la instancia facultada legalmente para darle cauce a dichos cambios.
En lo que respecta a los procesos penales contra algunos directivos universitarios, reiteró que el Poder Ejecutivo no tiene injerencia en esa situación, ya que le corresponde a la Fiscalía General del Estado y al Poder Judicial.
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