Culiacán, Sin.- Robespierre Lizárraga Otero fue separado del cargo como encargado del despacho de Rectoría de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS); así lo dictó un juez de control este viernes en audiencia de revisión de medidas cautelares, a solicitud de la Fiscalía General del Estado.
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Ante esta determinación, ¿quién se queda al frente de la casa de estudios? Para obtener la respuesta a este cuestionamiento, Línea Directa revisó la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Sinaloa, que cabe recordar, fue reformada en días recientes por el Congreso del Estado y dichos cambios se hicieron oficiales este jueves 2 de octubre al publicarse en el Periódico Oficial del Estado en su edición vespertina.
Sin embargo, la ley reformada no hace referencia en ningún artículo ni apartado a lo que debe de hacerse ante la ausencia de un encargado de despacho.
Únicamente señala los pasos a seguir ante la ausencia de un “rector titular”. El artículo 35 indica: “las faltas temporales del rector titular que no excedan de cuarenta días hábiles serán cubiertas por el secretario general de la institución, las mayores a dicho término pero menores de ochenta días hábiles por un rector interino y si las faltas exceden este último término, se convocará a un nuevo proceso de elección, para designar nueva persona titular de la Rectoría, que concluirá el periodo”.
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Robespierre Lizárraga nunca recibió nombramiento como rector interino o sustituto, sin embargo, en la práctica ocupaba esas funciones. Ante esto, atendiendo al artículo 35, sería el actual secretario general quien se quedaría al frente de la UAS de manera temporal, es decir, Candelario Ortiz Bueno.
Lizárraga Otero se venía desempeñando como encargado del despacho de Rectoría desde hace casi un año, pues en octubre de 2023 Jesús Madueña Molina fue separado del cargo de rector titular, como parte de una medida cautelar que le impuso un juez de control.
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Fue en audiencia la mañana de este viernes, cuando un juez de control dictó la separación del cargo de Lizárraga Otero, a fin de que se asegure el proceso adecuado, eficaz, se facilite el desarrollo del caso y no causar una mayor afectación al servicio público.
