Culiacán, Sinaloa. – Presa fácil de la delincuencia organizada, como ya se ha visto, los centros de rehabilitación en Sinaloa enfrentan serias deficiencias en su operación, supervisión y financiamiento, lo que los coloca en una situación crítica que debe ser atendida desde el Poder Legislativo en coordinación con el sector salud, dijo la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del estado, María Teresa Guerra Ochoa.
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La legisladora reconoció que más allá de la normativa vigente es urgente hacer una revisión puntual de las condiciones en las que operan estos espacios, muchos de los cuales funcionan sin cumplir los lineamientos establecidos por autoridades sanitarias como la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Sinaloa (Coepriss).
“Cuando estuve en la Secretaría de las Mujeres revisamos varios casos en los que se detectaron situaciones preocupantes, como centros que operaban sin autorización o en los que incluso se obligaba a los jóvenes a realizar trabajos forzados”, señaló Guerra Ochoa, al recordar un caso específico ocurrido hace más de un año y medio en el municipio de Angostura.
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Uno de los aspectos que más preocupa, dijo, es la vulnerabilidad de los jóvenes que ingresan a estos centros, quienes en ocasiones son cooptados por grupos delictivos para actividades ilícitas, a veces incluso en contra de su voluntad.
La diputada subrayó que, aunque se han realizado reformas normativas en materia de salud mental y protección de derechos de niños y adolescentes, aún falta mucho por hacer en cuanto a la atención y regulación de las adicciones.
“Es una temática social que está creciendo no solo en Sinaloa sino en todo el país y en el mundo. Por eso no podemos quedarnos atrás”, afirmó.
Indicó que actualmente no existe ninguna iniciativa pendiente en el Congreso del Estado relacionada con este tema, pero ello no debe ser impedimento para que se impulse una agenda de trabajo legislativo que atienda la realidad de estos espacios.
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“Hay confusión en cuanto a qué temas son de competencia federal o local, pero independientemente de eso, debemos entrarle como legisladores”, recalcó.
Asimismo, Guerra Ochoa señaló que una de las principales carencias es la falta de recursos públicos para operar estos centros, por lo que la mayoría sobrevive gracias a cuotas de recuperación o donaciones.
“Hay centros donde quienes ya fueron rehabilitados se convierten en activistas, y si bien eso es valioso, también refleja una ausencia de supervisión profesional adecuada”, añadió.
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La presidenta de la Jucopo planteó la posibilidad de impulsar reformas que permitan destinar recursos provenientes de multas aplicadas a partidos políticos u otras sanciones administrativas hacia los centros de rehabilitación, como una medida de compensación social.
“Tenemos que pensar en nuevas formas de financiar estos espacios y garantizar que funcionen con dignidad, bajo principios de derechos humanos y con estándares de calidad. No basta con que existan, deben cumplir su función social de manera efectiva”, enfatizó.
Finalmente, aseguró que el grupo parlamentario al que pertenece estará vigilante de esta problemática y promoverá una revisión del marco legal estatal y nacional para perfeccionar la regulación de estos centros.
