Guasave, Sinaloa. La Asociación Mexicana de Abogados (AMA) solicitó que en caso de que la investigación en curso por el fallecimiento del investigador de Ciidir, Píndaro Álvarez Ruiz, tras caer en un socavón en el centro de Guasave, derive en responsabilidades de servidores públicos en funciones, se promueva el desafuero de los involucrados conforme a lo que establece la ley.
Ricardo Beltrán Verduzco, presidente de la organización, explicó que una vez integrada la carpeta de investigación por parte de la Fiscalía General del Estado, y si de ella se desprenden posibles responsabilidades atribuibles a funcionarios con fuero, el procedimiento legal correspondiente es el juicio de procedencia ante el Congreso del Estado.
Precisó que esta figura jurídica no implica una sanción automática, sino un mecanismo constitucional que permite retirar el fuero para que el servidor público pueda enfrentar el proceso legal en igualdad de condiciones que cualquier ciudadano.
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“Para el caso de ser una persona a quien se le finque responsabilidad, que goce de fuero, entonces, deberá remitirlo al Congreso del Estado para que este a su vez inicie un juicio de procedencia, lo que le llamamos nosotros juicio político. Y se separe del cargo a quien goce de una responsabilidad y que amerite separarse del cargo. Eso es lo que queremos”, señaló.
Beltrán Verduzco recordó que el artículo 115 de la Constitución establece como atribuciones de los ayuntamientos la prestación de servicios públicos esenciales como el mantenimiento de vialidades y la atención de infraestructura urbana, por lo que consideró pertinente que la autoridad investigadora determine si dichas obligaciones se cumplieron conforme a derecho.
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Añadió que el objetivo del posicionamiento de la Asociación Mexicana de Abogados es que el caso se atienda con apego a la legalidad, transparencia y responsabilidad institucional, respetando tanto los derechos de las víctimas como el debido proceso de los funcionarios que pudieran verse involucrados.
Finalmente, sostuvo que será la Fiscalía la encargada de establecer conclusiones, y en su caso, dar vista al Congreso del Estado para que determine si procede o no el retiro del fuero a los servidores públicos señalados dentro de la investigación.
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¿Por qué se solicita el desafuero de funcionarios durante una investigación?
Porque el fuero constitucional puede impedir que un servidor público enfrente un proceso penal; el juicio de procedencia permite retirar esa protección y que la investigación continúe sin obstáculos legales.
