Guasave, Sinaloa. Luego del accidente ocurrido en el socavón de la calle Juan Carrasco, donde perdió la vida el investigador del Ciidir, Píndaro Álvarez, autoridades municipales reconocieron que el daño en la vialidad no pudo ser atendido de manera definitiva debido a la falta de recursos autorizados y a los procesos normativos necesarios para ejecutar la obra.
Rael Rivera Castro, director general de Obras y Servicios Públicos, explicó que desde que se formó el socavón se realizaron estudios técnicos que confirmaron el colapso total de la infraestructura hidráulica, la cual ya había superado su vida útil, estimada entre 15 y 20 años. Sin embargo, admitió que la magnitud del daño impedía una reparación parcial.
“El problema no era solo el socavón; toda la calle está dañada por debajo. Hay cavidades y tuberías colapsadas, por lo que se requiere cambiar completamente la vialidad”, señaló el funcionario, al precisar que la obra tiene un costo aproximado de 15 millones de pesos.
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Pese a que el hundimiento llevaba varios meses visible, el director de Obras Públicas indicó que el Ayuntamiento no pudo iniciar los trabajos al no contar con la autorización de inversión necesaria para arrancar un proceso de contratación, requisito obligatorio para realizar una licitación pública conforme a la normatividad vigente.
En cuanto a las medidas preventivas, Rivera Castro reconoció que el carril afectado estaba cerrado y señalizado únicamente con elementos de advertencia visual, como conos y barreras plásticas, los cuales no impedían físicamente el paso. Tras el incidente, Protección Civil reforzó el cierre total de la vialidad con barriles metálicos llenos de tierra, debido a la detección de nuevos asentamientos en calles aledañas como Blas Valenzuela.
Sobre una posible responsabilidad legal del Ayuntamiento en el incidente, el funcionario evitó pronunciarse y señaló que ese análisis corresponde a las áreas jurídicas, aunque reiteró que su dependencia se limitó a cumplir con los procedimientos técnicos y administrativos para la gestión de recursos.
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El caso ha generado cuestionamientos ciudadanos sobre la atención a riesgos urbanos persistentes y la capacidad de respuesta ante infraestructura colapsada, especialmente cuando los procesos administrativos se prolongan mientras el peligro permanece activo.
¿Por qué el socavón no fue reparado antes del accidente?
De acuerdo con el Ayuntamiento, la falla requería una obra integral con un costo aproximado de 15 millones de pesos y no podía ejecutarse sin la autorización formal de inversión ni los recursos necesarios, lo que retrasó su atención definitiva.
