Culiacán, Sin.- A través de una carta abierta, el Frente Cívico Nacional Capítulo Sinaloa manifestó su solidaridad con los productores agrícolas del estado.
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Carlos De Doig Alvear, miembro de la Comisión Coordinadora de Frente Cívico Nacional, Capítulo Sinaloa, puntualizó que está claro que el diseño de las políticas públicas del actual gobierno sólo está orientada al productor de autoconsumo y a los de pequeña escala.
Asimismo, señaló que la indefinición del precio de las cosechas de maíz, mantienen en la incertidumbre a todos los productores, donde ya pasa del mes el desfase para contratar.
De Doig Alvear opinó que si el Gobierno Federal está dispuesto a comprar dos millones de toneladas de maíz, destinando alrededor de 14 mil millones de pesos para su compra, mismos que tendrá que introducir al mercado con una pérdida al menos de 4 mil millones de pesos, mejor que se destine ese dinero en apoyos directos al productor.
“Yo no creo que no tengan 3 mil, 4 mil millones de pesos el Gobierno Federal para solventar un problema de la magnitud de apoyar las cosechas; lo que está buscando el gobierno federal es adelgazar la oferta, es decir si van a ver 5 o 6 millones de toneladas más la producción de Sonora y de Baja California, entonces el industrial tendría demasiado producto y dice: ‘pues mejor me hago tontito y busco que el mercado se caiga y compro más barato y gano más'”, dijo.
De Doig Alvear mencionó que lo que se necesita es que el Gobierno se siente con los industriales y establezca un compromiso.
Paola Gárate, integrante del Frente Cívico, mencionó que es una agonía para las y los agricultores sinaloenses toda esta situación por la cual están pasando.
“Tal cual es una agonía para las y los agricultores sinaloenses créditos millonarios están en incertidumbre de cómo cubrir, entonces para que no siga transcurriendo los días y no haya una certeza en definición están expresando este posicionamiento para que ellos sepan que no están solos”, dijo.
Por último, enfatizaron que se requiere un enfoque integral y colaborativo por parte del Gobierno y otros actores claves del sector para encontrar soluciones que garanticen un precio justo para los productores y evitar desincentivar la siembra en cosechas futuras del principal alimento en la dieta del mexicano.
