Culiacán, Sin.- Después de los hechos violentos del 17 de octubre de 2019, la Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública (CGCESP) en conjunto con los tres órdenes de gobierno llevaron a cabo ciertos acuerdos nombrados “agenda mínima para la no repetición”, y a 4 años de esos eventos, esta no se ha terminado por cumplir.
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El CGCESP advierte además que se arrastran deficiencias del sistema de seguridad, entre los que destacan la portación ilegal de armas de fuego, las violaciones al Estado de Derecho y el grave problema del narcomenudeo que se vive en Sinaloa.
Ante el no cumplimiento de los puntos acordados, en Culiacán se vivió un segundo episodio el 5 de enero de este 2023 nombrado como “Culiacanazo 2.0”. En ese sentido, desde el Consejo advierten que desde este mismo enero han mantenido el seguimiento mensual de esta exigencia ciudadana, reconociendo los avances que se han tenido, así como también indicando los pendientes y deficiencias que tienen las autoridades para la construcción de la paz anhelada en el estado.
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Coordinación general del CESP
Entre las principales demandas destacan que aún falta trabajar en el fortalecimiento de las corporaciones de Seguridad Pública, así como la urgencia en la construcción de las bases de operación de la Policía Estatal en Los Mochis y Mazatlán.
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También destacan la necesidad en la aplicación de los Bandos de Policía y Gobierno, mismos que incluso han sido sujetos de señalamientos por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
El Jueves Negro sucedió luego de que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en conjunto con la Policía Estatal desplegaran un operativo en el sector Tres Ríos para la captura de Ovidio Guzmán López, uno de los hijos de Joaquín “el Chapo” Guzmán.
Durante esos eventos se desataron enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y grupos de civiles armados, así como la fuga de 51 internos del penal de Aguaruto.
