Mazatlán, Sinaloa.- La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle), obtuvo vinculación a proceso en contra de los elementos policiacos Pablo “R”, Juan “G” y Carlos “R”, por su probable responsabilidad en la agresión a dos periodistas en Mazatlán, Sinaloa.
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Los hechos se registraron el pasado 13 de octubre del 2021 cuando los elementos policiacos, en aparente abuso de autoridad, se opusieron a ser filmados cuando sometían a unos surfistas que estaban esperando las altas olas generadas por el huracán “Pamela” cerca de las costas mazatlecas.
Fueron elementos preventivos y de la policía turística del CAPTA, quienes presuntamente agredieron tanto a los surfistas como a los dos periodistas gráficos de un medio de cobertura estatal que cubría los hechos, sobre todo porque los agentes policiacos hicieron uso excesivo de la fuerza y ante los periodistas, porque les entorpecían su labor policiaca. Tanto los surfistas como los periodistas fueron detenidos, pero estos últimos no pisaron “barandilla”.
Finalmente, los periodistas gráficos interpusieron denuncia tanto en la Fiscalía Estatal, quien turnaría el caso ante la Fiscalía General de la Federación por su competencia, además de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), la cual recomendó una disculpa pública.
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El juez de control competente en el Centro de Justicia Penal Federal en Sinaloa, determinó que la Feadle, de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos (FEMDH), aportó los elementos suficientes para probar la presunta responsabilidad de los imputados en el delito de abuso de autoridad previsto y sancionado en el artículo 301 del Código Penal de Sinaloa.
De acuerdo a la carpera de investigación, los hechos que originaron la imputación corresponden a la agresión que sufrieron los periodistas cuando reportaban la detención de diversas personas en el área turística de Mazatlán, por lo que al ver que eran grabados, los hoy vinculados despojaron a los periodistas de sus instrumentos de trabajo y los detuvieron injustificadamente, liberándolos momentos después sin ponerlos a disposición de las autoridades competentes.
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El juez de control concedió tres meses para la investigación complementaria y determinó la imposición de medidas cautelares para salvaguardar la integridad de las víctimas y testigos.
