Ya lo hemos comentado y, al igual que casi todo lo que se argumenta, ni se ve ni se oye.
Coinciden jurisconsultos, el sentido común y la ley: los cobros en las casetas de peaje, en carreteras de común en muy malas condiciones, son sencillamente anticonstitucionales. En consecuencia, deberían de ser cancelados (los cobros) y permitir el libre tránsito, como lo mandata nuestra ley máxima.
Pero, entre los pretextos oficiales para seguir con el cobro, se dice que las carreteras se “concesionan” a particulares, o se hacen en sociedad (que lo es, en efecto: para esquilmar); también que si medio las arregla el gobierno, se puede cobrar el mantenimiento.
Como sea, llegan los altos cobros, desproporcionados si se atiende el nivel de calidad y, como ya se ha dicho, si se atiende la letra constitucional, ilegales pues violentan el artículo once de nuestra Constitución:
Artículo 11. Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes.
Pero los gobiernos (federales y estatales) con sus cobros y retenes violan flagrantemente ese artículo.
AL LUCRO Y A LA “CAJA CHICA”
Los subterfugios oficiales son varios y, en algunos estados, recurren al pretexto de que “para que exista una vía de paga, el Estado debe proporcionar una ruta alterna gratuita” y, según ellos, la proporcionan, lo que de común es falso, como sucede en casi todo el estado de Sonora y en varios puntos de Sinaloa.
De acuerdo con la lógica oficial, y empresarial privada, “los automovilistas tienen la opción de transitar por donde más les convenga”. No es así.
Recurren también al Artículo 31, fracción IV: “Son obligaciones de los mexicanos: Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes”.
Pero esa disposición no puede entrar en conflicto con el artículo once y claramente los cobros que se aplican no cumplen con la salvedad descrita en el texto. Además, para eso están los muchos impuestos “regulares” que se pagan hasta por un refresco.
Por lo demás, el hecho es que las cuotas carreteras no van al gasto público, el de beneficio social, sino a aumentar las ganancias del sector privado y nutrir la “caja chica” de gobernantes.
¿REGLAMENTO O CONSTITUCIÓN?
El gobierno también se quiere cobijar en el artículo 107 del “Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal”, donde se establece que “los conductores que decidan utilizar las vías federales de acceso controlado deberán cubrir el pago correspondiente en las casetas instaladas para el efecto”.
De ahí derivan que “la libertad de tránsito en carreteras Federales implica la obligación de realizar el pago de las casetas de cobro que hubiere en el trayecto”.
Pero se trata de un reglamento que se sacaron de la manga y que de ningún modo puede operar por encima de la Constitución.
Les vale, lo mismo que pasa con los retenes.
Y NADIE LOS PARA
Periódicamente suben las tarifas del mentado “peaje” en casi todas partes; en Sonora casi llegan a cien pesos por unos cuantos kilómetros y en los “libramientos” son mucho más altos. En Sinaloa han aumentado de forma totalmente desproporcionada y abusiva si se puede, y en todo el país.
Ni caso en abundar más: esos cobros, mientras no se demuestre lo contrario, y en apego a la ley, son ilegales, anticonstitucionales. Mientras los gobiernos los sigan imponiendo, están actuando en contra de nuestra Ley máxima. Punto.
¿Que los privados invirtieron en los caminos y es justo que recuperen los invertido, con una ganancia razonable? ¿Y que eso lo debe pagar el ciudadano? ¿Para qué, entonces, se pagan impuestos?
En todo caso, que se abra el debate democrático, se expongan los argumentos y se resuelva lo justo. ¿Será posible?
-Aparte, las carreteras de Sinaloa, prácticamente todas, especialmente las de paga, literalmente, en la ruina.
EN EL TINTERO
-Todos los cobros por “peaje” son anticonstitucionales, digan lo que digan. No solo eso: son un auténtico robo a la ciudadanía.
-De la vulgar pretensión de aumentar el 40% en Sinaloa, le “bajaron” al 25 por ciento y que puede haber otra rebajita. Una auténtica mentada y total desprecio a la ciudadanía.
-La administración de justicia en nuestro país sigue siendo asignatura pendiente de los gobiernos. Que la presidente de la SCJN no lo admita, ni se pronuncie al respecto, es una muestra de la complicidad con jueces corruptos.
-Habrá que reiterar: como dijo Aristóteles: “Amicus Plato, sed magis amica veritas”. ([email protected]).
