La nueva Ley de Obras Públicas del Estado de Sinaloa, aprobada por unanimidad en el Congreso del Estado, envía buenas señales a los sinaloenses.
Por una parte, responde a exigencias elementales de la sociedad, como la adecuada planeación, transparencia y calidad de la obra pública.
También permite confirmar lo que es posible lograr cuando al margen de posturas políticas y pertenencias partidistas desde el legislativo, se da prioridad a los intereses de la sociedad.
Además, muestra lo que se puede alcanzar cuando el legislador, en este caso la diputada guasavense Flora Miranda, tiene la capacidad y el tacto para poner sobre la mesa el tema, convencer a sus pares y recoger las impresiones de todos los involucrados y sumarlas a una iniciativa.
Pero también llegar a puntos de equilibrio y acuerdos con el Ejecutivo, que es el que finalmente va a ejecutar la nueva ley.
Son muchos los vicios que afectan la ejecución de obras públicas, que van desde la corrupción no solo solapada, sino promovida desde oficinas de gobierno, el no pago en tiempo y forma de los trabajos realizados a los constructores, los moches y la incidencia de todo esto en la calidad de las obras.
Ejemplos abundan a lo largo de Sinaloa de obras mal hechas, sin el uso de los materiales idóneos, que quedan inconclusas o inservibles en el corto plazo, requiriendo millonarias inversiones para terminarlas o restaurarlas. Todo por la corrupción.
La nueva ley brinda certeza a todos, sienta las bases para una nueva etapa en el sector de la construcción, pero será determinante la vigilancia para que esa herramienta legal se prostituya de parte de quienes serán los responsables de garantizar su respeto.
Bien por la promotora de la iniciativa, la diputada Flora Miranda, pero también por el resto de los involucrados en el legislativo y el ejecutivo, que sin mezquindades dieron luz verde a un proyecto que supo incorporar justas demandas de los sinaloenses, cansados de la corrupción y mala calidad de las obras que se realizaban.
Falta solo que se publique la nueva ley en el Diario Oficial del Estado de Sinaloa, lo que deberá acontecer en los próximos días, partiendo de que hubo consenso en su elaboración.
