La violencia derivada del crimen organizado ha dejado profundas heridas en Sinaloa. Una de las consecuencias más devastadoras de este conflicto es la desaparición de personas, un fenómeno que no solo destruye vidas, sino que deja a las familias sumidas en la incertidumbre y el desamparo.
Según cifras oficiales de la Fiscalía General del Estado (FGE), hay más de 600 denuncias de desapariciones con carpetas de investigación. Sin embargo, colectivos de búsqueda denuncian que esta cifra es solo la punta del iceberg y que el número real podría superar el doble. Hay familias que prefieren no denunciar por miedo a represalias, lo que refleja el nivel de vulnerabilidad al que están sometidas.
Pero ¿quién ve por estas familias? El gobierno, en su papel de garante de justicia y protección, parece desbordado en este tema. Las investigaciones avanzan a paso lento o se estancan, y los recursos destinados a la búsqueda son insuficientes.
La burocracia y la falta de empatía en la FGE agudizan la sensación de abandono, dejando a las familias en manos de su propia fortaleza para organizarse y buscar a sus seres queridos.
Los colectivos de búsqueda de desaparecidos han emergido como una respuesta ante esta crisis de seguridad. Integrados en su mayoría por la madre y los hermanos de las víctimas. Estos grupos han asumido la titánica labor de rastrear fosas clandestinas, exigir justicia y visibilizar el problema.
Estas personas, en su mayoría mujeres, sin recursos ni formación técnica, se han convertido en investigadoras, activistas y defensoras de derechos humanos. Son ellas quienes enfrentan amenazas y la constante desesperanza, pero también quienes mantienen viva la lucha por la justicia.
Estas familias, que ya cargan con el profundo dolor de la ausencia, necesitan mucho más que palabras de apoyo: requieren acciones concretas que incluyan recursos humanos y materiales suficientes, programas de atención psicológica y medidas efectivas contra la impunidad.
Por otro lado, la sociedad también tiene un papel que jugar. El silencio y la indiferencia prolongan este ciclo de violencia y desapariciones. Es fundamental que la ciudadanía reconozca la magnitud del problema y respalde a las familias y colectivos en su lucha.
La pugna entre grupos criminales en Sinaloa no solo ha cobrado la vida de quienes están directamente en el conflicto, también está arrebatando la tranquilidad de las familias de los desaparecidos.
En este contexto, la pregunta sigue en el aire: ¿Quién ve por ellas? La respuesta es difícil, pero apunta a la necesidad de una sociedad más solidaria y de autoridades más eficaces.
Es momento de dejar de mirar hacia otro lado.
