Confieso haber imaginado otra reflexión para este domingo, pero la urgencia y la querencia me gana. Considero mucho más importante hablar de la educación de las niñas, niños, jóvenes y adolescentes, que de la corrupción y el Ayuntamiento. Lo dejo para otro domingo.
La Secretaría de Educación Pública (SEP) distribuye los nuevos libros de texto gratuitos, producto de la reforma a los Planes y Programas de Estudio de 2019. La modificación a la Ley General de Educación lo establecía para inicios de ciclo escolar 2021-2022, pero algo falló. La SEP esperó entonces hasta 2023, y falló aún más. Ahora todo lo demás son consecuencias del mismo error. Su opacidad.
Los estados de la República son soberanos. Esa es la buena noticia. Guanajuato y Chihuahua ya lo han hecho de conocimiento de la Autoridad Educativa Federal. Primero está el derecho a aprender las niñas y niños, después la política. En sus respectivas entidades, no entregarán los nuevos libros de texto, hasta nuevo aviso. Por su parte, los gobernadores de Morena en bloque publicaron un pronunciamiento en el que desarrollan una serie de argumentos ideológicos, nada técnicos.
En Sinaloa, ¿se le dará prioridad a la técnica y una discusión desde el derecho a aprender o bien, se privilegiará la política, sin importar las consecuencias en nuestras hijas e hijos? Me explico.
Los nuevos Libros de Texto Gratuito ensanchan, aún más, la falta de oportunidades para los que menos tienen. El desprecio por las matemáticas genera desventajas entre los alumnos, futuros profesionistas, al momento de integrarse el día de mañana al mercado laboral. En plena era de la inteligencia artificial, la actual administración reduce un libro de más de 200 páginas, a menos de 25.
Se argumenta un “nuevo planteamiento”, desde la práctica y a través de proyectos. Se ignora la base secuencial del aprendizaje matemático. Quien no sabe de aritmética y álgebra, no aprende geometría; quien no sabe de geometría, nunca sabrá de trigonometría. El desconocimiento se hace más grave a medida que avanzan los grados escolares, causando frustración en las y los alumnos, con el posterior abandono escolar.
Las niñas, niños, jóvenes y adolescentes con debilidades en esta área tendrán desventajas serias para expresar sus ideas con orden, claridad y coherencia. Quien carece de un pensamiento crítico en las matemáticas está excluido del mundo de la tecnología, la ingeniería o las ciencias. Para ellas y para ellos, un mundo de oportunidades de desarrollo está siendo cancelado desde hoy.
Por otro lado, el lanzamiento de los nuevos materiales refleja un desconocimiento total de lo que suceden en las aulas. Las y los docentes siguen concentrados en recuperar aprendizajes, como consecuencia de la prolongada pandemia. De la noche a la mañana, todos los salones se volvieron multigrado. Niñas y niños en sexto de primaria, por citar un ejemplo, con aprendizajes de cuarto, quinto y sexto. La SEP nunca implementó un programa riguroso y sistemático para solucionar esta problemática. En contrapartida, prefirió no evaluar. Abandonó a las y los docentes a su suerte. Con esta nueva dinámica, las maestras y maestros estarán todavía más solos.
Las y los profesores saldrán adelante, no lo dudo. Sinaloa tiene grandes y valiosas maestras y maestros. Lo harán en el corto plazo, pero en el mediano necesitan de criterios claros sobre lo que se espera de ellos. Para lograrlo, se les debe formar. El problema es que este gobierno apenas si destina 81 pesos para la formación docente a nivel nacional, contrario a los 1400 pesos de hace seis años; es decir, 17 veces menos cuando, supuestamente, este gobierno los ha “dignificado”.
En medio de este abandono de facto, además lanza unos nuevos libros para los que nunca los formó. Seamos conscientes de esta realidad. No les abandonemos. Nos necesitan.
La discusión sobre el tema ideológico apasiona a más de uno, NO se distraigan. Papás, mamás: la falta de oportunidades, NO el comunismo, es el fondo del problema. Una sociedad con más pobres es caldo de cultivo para la división. Una sociedad donde los pobres sigan siendo pobres, cierra las puertas al diálogo. Lamento presagiar la privatización del sector educativo, como ha sucedido con el sector salud. Más y más madres de familia intentarán a mediano plazo cambiar a sus hijos a la escuela privada, cuando se percaten de los retrasos en el aprendizaje. Lo harán quienes estén en condición de hacerlo. Tal y como sucede hoy con las medicinas cuando van al IMSS, y terminan comprando en una farmacia privada porque nunca llegaron. Ese no puede ser el camino.
Una escuela incapaz de generar oportunidades, reproduce desigualdades. En México, la escuela pública es el mejor instrumento para combatir las brechas sociales entre unos y otros. Nulificar este mecanismo beneficia al populismo. Así se dijo desde la mañanera: “que los pobres sigan siendo pobres, si son de clase media luego se les olvida quien les ayudó”.
Por último, una vez más el gobierno de la República y los estados utilizan la opacidad como bandera. La SEP reservó por cinco años la información de las asambleas para elaborar los nuevos planes de estudio y libros de texto. ¿Acaso se trata de un asunto de seguridad nacional?
La Autoridad Educativa Federal violentó el proceso legal, otra vez, sobre cómo se reformar los libros de texto. Dado que “la Ley no es la Ley”, sino sólo cuando les conviene, no respetaron los proceso jurídicos ni pedagógicos en la elaboración de los textos. Estos se desarrollaron sin contar con programas de estudio aprobados ni publicados y se construyeron sin consultar a los diferentes actores o sectores involucrados, tal como lo dicta la Ley General de Educación.Evidentemente, la SEP dice tener otros datos, que ahora reserva a los ojos de la ciudadanía e ignora la resolución provisional de una jueza, quien ha ordenado la “no distribución”. La resolución puede ser impugnada, sin embargo, hoy debe ser acatada.
En pocas palabras, no sólo violaron la ley, sino que ahora mandan, otra vez, “al diablo las instituciones”. Por cierto, de acuerdo con “los datos” de Marx Arriaga, Director de Materiales Educativos, responsable de esta ilegalidad, en el proceso participaron más de un millón de miembros de la comunidad educativa. Si eso fuera verdad, en Sinaloa tendrían que haberse involucrado poco más de 36 mil docentes, padres de familia, académicos, entre otros. ¿Lo hicieron? NO. Quien diga lo contrario, miente; o bien, para salir de la duda, muestren la evidencia que reservaron.
De todas las ocurrencias de este gobierno, la educativa es la más dolorosa para el país. La niñez y la juventud en México y Sinaloa no son parte de ningún botín. Afortunadamente, el gobierno del Estado tiene en sus manos las facultades para ser respetuoso de la Ley (del proceso judicial) y garante del derecho a aprender de nuestras hijas e hijos. Mientras, los profesores pueden abrir el ciclo escolar con los materiales del pasado, como lo han hecho hasta hoy.
Que así sea.
