Luego de la publicación de una columna anterior, y de su posterior reiteración, documentando la ilegalidad de los peajes en las carreteras mexicanas, al menos tres lectores enviaron correos coincidiendo en que es necesario tomar medidas de protesta ciudadana (cancelar las casetas, proponen) dado el desamparo ante la poderosa privada iniciativa, los representantes “que debieran defender” (diputados) y las autoridades.
“No hay de otra”, señalan, opinión que en realidad es compartida por la gran mayoría de los ciudadanos.
Al respecto, quedé en precisar lo conducente a fin de saber a qué atenerse.
DIPUTADOS REPRESORES
A fines del 2020, se aprobó una iniciativa de ley, presentada por Morena y el PAN, apoyada por el gobierno federal, para que se sancionara con cárcel de seis meses a tres años a quienes tomen casetas y cobren peaje a los automovilistas (acción no necesariamente vinculada).
Se agregó que la penalidad se extienda a quienes “dañen e interrumpan la construcción de vías de comunicación”, con lo que la Cámara de Diputados, y sus apoyadores, de hecho, aprobaban la represión a manifestantes que, casi de manera inevitable, bloquean en sus protestas esas vías (como lo hizo AMLO muchas veces).
La votación camaral fue dividida, incluso entre la mayoritaria bancada del partido Morena.
Una vez aprobada se trató de aclarar que la reforma a la Ley de Vías Generales de Comunicación “no será utilizada para criminalizar la protesta social”, sino solamente en el caso de que la intención sea el lucro. Esa salvedad no prosperó.
Y SE REFORMÓ LA LEY
Después, el 15 de diciembre de 2021, como se esperaba, el Congreso aprobó las reformas a la Ley de Vías Generales de Comunicación, de modo que se castigara con cárcel de hasta siete años y multas de hasta 44 mil 810 pesos “a quien realice bloqueo de casetas o a quien restrinja parcial o totalmente el tránsito de los medios de transporte que circulan por las vías generales de comunicación”.
En el Diario Oficial de la Federación, el 22 de febrero del año pasado, se publicaron las represivas reformas, quedando el artículo 533 como sigue:
Artículo 533. A quienes dañen, perjudiquen o destruyan las vías generales de comunicación, o los medios de transporte, o interrumpan la construcción de dichas vías, o para obtener un lucro interrumpan el tránsito de los medios de transporte y la operación de los servicios de peaje, o total o parcialmente interrumpan o deterioren los demás servicios que operen en las vías generales de comunicación o los medios de transporte, se impondrá sanción de tres meses a siete años de prisión y multa de 100 a 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
DE NEGOCIOS A NEGOCIOS
Desde luego, nadie está de acuerdo en que las “tomas” de las leoninas casetas se conviertan en otro negocio privado, como al parecer ha sucedido en algunos casos, pero es claro que las casetas de cobro deben desaparecer, pues evidencian la desviación de cargas impositivas y son un verdadero negocio lucrativo, ahí sí, sin discusión, de “concesionarios” (los “amigos” del gran capital) y sus socios en el gobierno.
Además, como ya se ha argumentado desde diversos foros, es una gabela inconstitucional en la gran mayoría de los casos.
Pero es mucho dinero el que está en juego. El gobierno reportó un “ahorro” de 37 mil 670 mdp desde 2020, al reprimir la toma de casetas y declara que solo en el año pasado, gracias a esa represión, se “evitó la fuga de 13 mil 961 millones de pesos”.
¿A dónde va ese dinero? ¿En qué se aplica? ¿Por qué las carreteras, pese al oneroso cobro están en el abandono?
Las carreteras de Sinaloa, todas, son una muestra palpable de los abusos de la privada iniciativa y los gobiernos en este caso.
Así las cosas ¿No hay de otra más que tomar y cancelar las casetas del leonino cobro?
¿Qué se iría a la cárcel por una legítima acción de protesta?
Ya se verá.
EN EL TINTERO
-Es hora de que, en aras de la claridad que se pregona, se dé a conocer a los beneficiarios del gran negocio de los peajes en Sinaloa, y en todo México.
-Al menos 70 de cada 100 topes en Culiacán son absolutamente innecesarios. No hay planeación, sino ocurrencias, influyentísimo y ausencia de capacidad de las autoridades competentes.
-25 ciudades de Estados Unidos está catalogadas, por ellos mismos, como de alta peligrosidad. Además, los tiroteos contra civiles inocentes están casi a la orden día. México debe emitir alerta de viaje en todos esos casos. ([email protected]).
