La tarea fundamental de un sindicato, lo que justifica su razón de ser, es la defensa de los derechos de los trabajadores agremiados y negociar con la parte patronal para obtener mejores salarios, condiciones laborales justas y el bienestar de todos los miembros.
La parte patronal debe garantizar ese trato justo, digno y responsable al trabajador, pagarle oportuna y correctamente sus salarios y demás prestaciones previamente acordadas y plasmadas en un contrato.
En el caso de los sindicatos del sector público esa gran responsabilidad de los trabajadores es mayor, porque se usan recursos del erario, que deben ser manejados escrupulosamente.
La parte patronal, el gobierno, al no tener recursos de su propiedad, como sí sucede en empresas de la iniciativa privada, también adquiere una misión doblemente delicada en las negociaciones con sus trabajadores.
Transar en lo oscurito concesiones más allá de lo debido a empleados del sector público, a cambio de la complicidad del sindicato para que el patrón temporal incurra en otros excesos, es corrupción.
Entonces, el Sindicato de Trabajadores al Servicios del Ayuntamiento de Guasave está en lo justo cuando demanda al patrón el cumplimiento de presuntos compromisos pendientes.
También el gobierno municipal, que defiende el dinero público bajo el argumento de que a los trabajadores, pero principalmente a la cúpula sindical, se le han otorgado una serie de prerrogativas que lastiman financieramente al Ayuntamiento.
Tengo buenos amigos en el sindicato, con quienes he intercambiado puntos de vista, que por lo regular no coindicen.
Me parece abusivo, por ejemplo, que con recursos públicos sea pagado el salario del líder sindical y parte de esa cúpula. Creo que pagarles su sueldo con las cuotas que los representados aportan al sindicato, dignificaría el cargo y daría absoluta calidad moral a los dirigentes para realizar cualquier acción en defensa de sus agremiados. Ya se ha fracasado en ese intento.
Lo que tampoco se vale es mentir. Dice el líder de los sindicalizados, Alejandro Pimentel, que el gobierno municipal les debe recursos y funcionarios del gobierno municipal lo niegan. Entonces, alguien está mintiendo en un asunto que merece ser tratado con gran seriedad.
Si se les debe por algo debidamente establecido y vigente en el contrato, la parte patronal debe pagarlo y combatir legalmente lo contemplado en el documento si lo considera lesivo o ilegal.
Si nada debe, entonces también que proceda legalmente en contra de quienes reclaman algo que no es cierto a manera de chantaje.
Lo que Aurelia Leal ha expuesto en cuanto al manejo de los dos sindicatos oficiales, el del ayuntamiento y el de la Jumapag, de poner orden y cerrarles la llave a los excesos, seguramente cuenta con un amplio respaldo popular. Que se actúe con responsabilidad e inteligencia, no con posturas viscerales y hasta intimidatorias de parte de funcionarios. Porque los ciudadanos están cansados precisamente de esos abusos.
Hoy están en huelga. Siéntense las parte a dialogar con madurez, no se trata de un juego de vencidas.
Al final de cuentas, hay árbitros más arriba, donde pueden dirimirse las diferencias y entregar a cada parte lo que le corresponde de razón.
