Tenemos que partir de que, como en todos los gremios, en el de los policías hay buenos y malos. Unos actúan apegados a derecho, con ética y amplio criterio, mientras que otros como verdaderos criminales vestidos con el uniforme que debe inspirar respeto y reconocimiento social por el servicio que prestan y el riesgo al que se exponen.
Quienes bien hacen su trabajo deben tener la gratitud de la sociedad y el respaldo absoluto del gobierno, en tanto los que mal actúan el repudio de la gente y la garantía de la autoridad de que recibirán castigo en caso de ser descubiertos haciendo sus fechorías.
Bastantes problemas tenemos todos ya para cuidarnos de la delincuencia convencional, como para tener que hacerlo también de quienes su obligación y razón de ser es precisamente brindarnos seguridad.
La detención que hicieron elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Guasave la madrugada del sábado pasado, de un hombre y su hijo de 10 años, a quienes llevaron a barandilla, es un acto gravísimo, que exige la más enérgica reacción de la máxima autoridad municipal, Aurelia Leal, una férrea defensora de los derechos humanos y crítica de siempre los excesos desde el gobierno en todos los renglones y en todos los niveles.
Hoy está del otro lado. Y no se trata de discursos con exhortos a los agentes de que se porten bien. Se requiere mano dura, ir hasta las últimas consecuencias, determinar en qué circunstancias se dio el hecho, qué lo generó y cómo es que los policías tomaron la decisión de llevarse al hombre esposado junto con su pequeño hijo y meter a ambos a la barandilla.
¿Bajo qué argumentos lo hicieron? ¿No había en el lugar alguien que les dijera que estaban cometiendo una barbaridad? ¿Es cierto que le exigieron dinero a la persona que detuvieron y que ante la negativa de éste de darles enfurecieron?
Hasta este momento lo que las autoridades han hecho genera más inquietudes que certezas. El Secretario del Ayuntamiento de Guasave, José Luis Guerrero, dijo que los elementos involucrados están suspendidos.
Sin embargo el titular del corporación policiaca, Miguel Ángel Martínez Catana, desmintió la versión al establecer que solo fueron removidos o reasignados a otro sector, pero no suspendidos.
El argumento es que no hay denuncia formal de la persona afectada, además de la hecha pública en Línea Directa y a través de las redes sociales.
Sin prejuzgar, lo que sucedió es muy grave y por lo tanto exige una inmediata postura de la presidente municipal, para llegar a lo que realmente pasó, y que se envíe a la sociedad un mensaje de que no se tolerarán más excesos policiacos. Porque hasta ahora el único mensaje es el exceso.
Creo que sin violentar los derechos que también tienen los policías, se tiene que ir a fondo, para que no sea este lamentable hecho el que marque en materia de seguridad al gobierno municipal que apenas inicia.
Con mucho respeto, admiración y respeto a los buenos policías, que los hay y creo que son mayoría.
