Terminó el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador con importantes resultados. La reducción de la pobreza, los programas sociales que benefician a 30 de 35 millones de familias, el aumento del salario mínimo en términos de poder adquisitivo, la estabilidad de precios y del tipo de cambio, reservas internacionales en el Banco de México por 225 mil millones de dólares, la construcción de infraestructura para potenciar el desarrollo regional en el sur-sureste del país, el hecho que México ya ocupe el primer lugar mundial como exportador hacia el mercado estadounidense, sin duda, constituyen un valioso legado.
Pero junto a estas fortalezas económicas también se ubican algunos retos, fuertes e ineludibles, desafíos realmente complicados que tendrá que enfrentar, como herencia, el nuevo gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP).
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El sexenio recién concluido hereda la tasa más baja de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de los últimos 35 años. Fue de apenas el 1 % promedio anual, similar a la registrada durante el gobierno de Miguel de la Madrid. La expectativa para el 2025 es similar, no mejora. La inversión privada de las grandes empresas se frenó por la incertidumbre que ha traído consigo la reforma al Poder Judicial y así, la generación de empleo formal viene a la baja durante los últimos meses.
Tampoco se ha capitalizado el gran potencial que representa el nearshoring, es decir, la masiva relocalización de empresas que hoy en día se expresa a nivel global. México recibe anualmente un flujo de Inversión Extranjera Directa (IED) por el orden de 40 mil millones de dólares, la mitad de lo que ahora capta Brasil. Pero del monto total de IED que se registra en nuestro país, solamente el 5 % es inversión nueva, el resto es reinversión de utilidades por parte de empresas extranjeras ya establecidas.
Adicionalmente, el gobierno de AMLO cerró con un preocupante desequilibrio en las finanzas públicas, con un déficit del 6 % como proporción del PIB, una cifra no vista desde hace más de 25 años. Para el próximo año la presidenta CSP se está fijando reducir este déficit al 3.5 %. Ello implicará una drástica reducción al gasto público federal, por un monto alrededor de los 700 mil millones de pesos. El costo que dicha medida traería consigo será elevado, tanto en lo social como en la obra pública, con menos recursos para los estados y municipios. Los alcances de estos ajustes se conocerán hasta mediados del próximo mes de noviembre, con la presentación del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y la Iniciativa de Ley de Ingresos 2025.
Inicio mi colaboración en este importante espacio de Línea Directa, gracias a la confianza que me brinda Víctor Torres. Trataré de corresponder y espero que las consideraciones a exponer aquí, en Economía Política, sean de utilidad y aporten al debate público de las ideas.
