El salario mínimo ya no es el patito feo de la política económica nacional. Desde mediados de los años 70´s, las crisis económicas recurrentes que traían consigo elevadas tasas de inflación, desempleo y devaluaciones redujeron drásticamente el salario real, esto es, el poder adquisitivo de los trabajadores y sus familias. Con las políticas de estabilización y ajuste que se implementaban, los aumentos del salario mínimo nominal se quedaban siempre por debajo de la inflación. A partir del año 2000, con la transición democrática del país la situación no cambió. En el mejor de casos, los gobiernos de la alternancia, del PAN y PRI, actualizaron los mini salarios acorde a la tasa de inflación observada cada año. Los criterios ortodoxos de la tecnocracia en el poder señalaban que los aumentos al salario podrían generar inflación adicional, aumentos de los costos y restar competitividad internacional a la economía mexicana.
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A partir del 2018, con el gobierno del presidente AMLO, esta política cambió de manera radical. Revertir esta tendencia fue uno de los mayores logros de su gestión. Durante el sexenio pasado el salario mínimo se incrementó de 88 a 248.9 pesos diarios. Este aumento acumulado del 182% permitió una recuperación importante del poder de compra de los trabajadores asalariados y que más de 4 millones de personas salieran de la pobreza. El miércoles de la semana pasada, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció un nuevo aumento del 12% al salario mínimo general, el cual, pasará de 248.9 pesos diarios a 278.8. En la Zona Libre de la Frontera Norte, aumentará de 374.9 a 419.9 pesos diarios. Esta medida favorece a 8.5 millones de trabajadores que perciben esta remuneración.
Es importante que se mantenga esta política salarial exitosa. Sin embargo, habría que apuntar que ello no resuelve otros factores estructurales que caracterizan el mercado laboral en México. Hoy en día, el 54% de la población ocupada trabaja en el sector informal, con empleos precarios y sin seguridad social. Lamentablemente, 32 millones de mexicanos laboran bajo estas condiciones. Otras realidades: el porcentaje de la población ocupada que se encuentra en situación de pobreza laboral es 35%, es decir, sus ingresos no le permiten cubrir sus necesidades básicas de consumo. El subempleo, esto es, los trabajadores que desean trabajar más horas a la semana es del 10 por ciento.
Otro problema manifiesto en las negociaciones para definir los salarios mínimos es que las autoridades solamente acuerdan con las representaciones patronales de los grandes empresarios y dejan de lado la participación de la micro y pequeña empresa, que genera el 90% del empleo en México. Las grandes empresas son intensivas en el uso de capital y el pago de la nómina de sus trabajadores le significa el 20% de su costo total, en el caso de las Pymes, llega hasta el 60 por ciento.
Sin duda, la política de aumento al salario mínimo debe mantenerse. Pero en esta importante variable no puede descansar todas las reformas de fondo, que se requieren con sentido de urgencia para transformar el deteriorado mercado laboral de nuestro país.
