Culiacán, Sinaloa, 15 de noviembre 2021. Si nos atenemos a sus resultados evaluables, a lo positivo y recuperable de una función designada, tanto la llamada Laipes (Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa) como su producto, la Ceaipes (Comisión de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa) resultan irrelevantes. Más aún, innecesarias, además de dispendiosa esta última.
¿Qué se ha corregido en la opacidad con que se maneja el uso de los recursos públicos? ¿Se ha superado la negativa a informar con verdad y rectitud, además de oportunidad y respeto a los medios, desde la oficialidad?
Que las cosas van a cambiar con el nuevo gobierno, se asegura, ya veremos.
Hasta ahora, desde la forma misma en que se trata por esos lares a la prensa crítica (la que no está en la lista exclusiva de amigos, cuotas y cuates) se puede adelantar lo que sucede con sus “altas tareas” que, a la postre, no pasan de la faramalla, la simulación y la negación de una función que, aunque meramente accesoria en una sociedad de veras civilizada (con el cumplimiento de las leyes basta) en algo podría recibir indulgencia.
UN APARATO INNECESARIO Y ONEROSO
En su momento dijimos y argumentamos, sin que hubiera respuesta valedera, que la tal Laipes era innecesaria, así como la derivada comisión, pues bastaría con aplicar las leyes ya vigentes, a secas, a todo aquel funcionario que negara información que está obligado a proporcionar y a quien no diera cuenta clara y puntual del uso de los recursos públicos a su cargo.
Es una cuestión de sentido común. Pero se hizo la citada Laipes, pagando caras asesorías y creando después aparatos burocráticos que, a la postre, como ya se ha denunciado, se han convertido en obstáculos para un efectivo acceso a la información pública que las instancias oficiales están obligadas, con Laipes o sin Laipes, a proporcionar.
La Ceaipes, desde su creación, no pasa de ser un aparato burocrático, a más de oneroso, que en lugar de contribuir a lo que, se supone, es su cometido, se ha convertido en un verdadero obstáculo en la búsqueda de información fidedigna y veraz de los movimientos que la oficialidad hace y que están bajo sospecha fundada de turbiedad.
LO QUE DICE LA LAIPES
Innecesaria y todo, plagada de lugares comunes y colgada de la Ley de Responsabilidades vigente, al menos las intenciones declaradas con la tal Ley de Acceso son recuperables: su artículo cuarto establece que “todas las entidades públicas están sometidas al principio de publicidad de sus actos y obligadas a respetar el ejercicio social del derecho de acceso a la información pública”.
El Artículo Sexto define que el objetivo de la ley de acceso es asegurar el principio democrático de rendición de cuentas del Estado.
El Artículo Noveno, capítulo segundo de dicha ley, se refiere a la información mínima que debe ser publicada y señala que las “entidades públicas están obligadas a difundir de oficio, sin que medie solicitud al respecto”, la siguiente información:
a) Su estructura orgánica, los servicios que presta, las atribuciones por unidad administrativa y la normatividad que la rige.
b) El directorio de servidores públicos desde el titular hasta el nivel de jefe de departamento o sus equivalentes, con nombre, número telefónico y, en su caso, dirección electrónica oficial.
c) La remuneración total mensual por puesto, incluyendo el sistema de compensación según lo establezca la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el Ejercicio Fiscal correspondiente, o el ordenamiento equivalente.
d) Las opiniones, expedientes, datos y fundamentos finales contenidos en los expedientes administrativos que justifiquen el otorgamiento de permisos, concesiones o licencias, así como las contrataciones, licitaciones y los procesos de toda adquisición de bienes o servicios. (Continuará en la siguiente entrega).
EN EL TINTERO
-Les envié, el pasado día once, la columna sobre el desgarriate y la anarquía en Culiacán a los 40 flamantes diputados de la actual legislatura, a sus correos registrados en el sitio del Congreso, y ninguna respuesta o comentario han hecho. O no leen ni siquiera sus correos o les vale madre la opinión de quien sea.
-El conflicto Benítez-PAS en Mazatlán es difícil de resolver, es un problema que se origina, les guste o no, en la designación misma del llamado “químico” desde el trienio anterior, al igual que los casos de Culiacán y Ahome. Veremos cómo se arregla lo que desarreglado está desde hace más de tres años.
-Sin solución alguna (todos se hacen de la vista gorda) continúa la violación a la Constitución por parte del gobierno en los llamados “retenes”, del tipo que sean, mismos que propician la criminalidad en lugar de combatirla efectivamente. Al respecto, sólo la desvergüenza oficial. ([email protected]).
