Uno de los eslabones más débiles de la cadena laboral es la de los jornaleros agrícolas. Esa vulnerabilidad se incrementa en una situación de emergencia sanitaria, como la que se vive actualmente, con sus inevitables consecuencias económicas.
Este segmento no tiene ninguna certeza de trabajo y carece de prestaciones de ley elementales como el acceso a la seguridad social. Un muy bajo porcentaje es incorporado al Instituto Mexicano del Seguro Social o que reciben beneficios como vacaciones y reparto de utilidades.
Son privilegiados aquellos que en condiciones como las que enfrentamos con el coronavirus, pueden trabajar desde sus casas o negociar con su patrón determinado ingreso mientras pasa la emergencia.
No es el caso de los jornaleros. No pueden dejar de trabajar en plena pandemia, pese a todos los riesgos de contagio, porque entonces no tendrían ingreso alguno para sostenerse y sostener a sus familias.
Pero si contraen la enfermedad, no tienen Seguro Social para curarse, y la gratuidad del CONSABI es una falacia. Ni pensar en la medicina privada. Desde el momento que enferman y por ello ya no acuden al trabajo, dejan de pagarles un salario.
Actualmente en Sinaloa hay cosechas como la de la papa, cuya recolección no puede esperar. Jornaleros siguen laborando y solo en casos excepcionales el patrón está ordenando medidas de distanciamiento y otras en el surco o en su transporte hacia el campo.
En Sinaloa miles de jornaleros viven en condiciones de precariedad, muchos de ellos traídos estados del sureste del país por “enganchadores” mediante engaños y falsas promesas de salarios altos y vivienda digna, pero cuando llegan aquí se encuentran con una realidad muy diferente, lejos de su tierra y obligados a permanecer por necesidad.
Pero otros miles son sinaloenses de comunidades rurales que se emplean en estas labores del campo en las mismas circunstancias.
Solo una pregunta: ¿Qué va a hacer el gobierno federal y el estatal para atender a este segmento tan marginado? Claro, igual aplica para muchos otros.
