La decisión de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de suspender los comunicados sobre los hechos de inseguridad plantea una pregunta fundamental: ¿hasta qué punto es conveniente limitar la información a la ciudadanía?
Esta medida, aparentemente justificada en la búsqueda de evitar el pánico o la propagación de rumores, puede tener efectos contraproducentes porque aumenta la incertidumbre en la sociedad.
El derecho a estar informados
La información, particularmente en temas de seguridad, no es un lujo ni una concesión otorgada por las autoridades; es un derecho ciudadano fundamental.
La transparencia sobre hechos de inseguridad no solo ayuda a las personas a tomar decisiones bien informadas, sino que también fortalece la percepción de un gobierno que actúa con responsabilidad.
Cuando esta información se suprime, se abre un vacío que pronto es llenado por especulaciones, rumores y noticias falsas, muchas veces amplificadas en redes sociales.
El resultado inmediato de suspender los reportes de seguridad puede parecer lógico: se reduce el impacto mediático de la violencia. Sin embargo, esto no significa que los hechos de inseguridad se reduzcan; solo se silencian temporalmente.
La suspensión de comunicados no resuelve las causas estructurales de la violencia ni sus manifestaciones diarias. En vez de construir un ambiente de calma y orden, se fomenta un clima de confusión, donde el ciudadano se siente vulnerable y desinformado, incapaz de evaluar su entorno.
Informar con responsabilidad
Lo cierto es que informar no significa alarmar. La solución no está en dejar de reportar, sino en hacerlo con responsabilidad. Las autoridades podrían implementar estrategias de comunicación que promuevan la calma sin ocultar la verdad: dar a conocer los riesgos y las acciones que se están tomando para mitigarlos.
Informar para generar confianza
Comunicar no solo lo que ocurre, sino también las políticas y resultados de las estrategias de seguridad implementadas. La transparencia en tiempos de crisis es una herramienta clave para construir confianza y fomentar la colaboración ciudadana.
En conclusión, suspender la comunicación sobre hechos de inseguridad debilita la credibilidad del gobierno y deja a los ciudadanos en un estado de vulnerabilidad.
La verdad, por dura que sea, siempre es preferible al silencio.
El desafío para el gobierno es combatir la inseguridad y comunicar los resultados de ese esfuerzo de manera oportuna y veraz.
En tiempos donde las noticias falsas marcan la pauta, el Estado debe ser el primer defensor del derecho a la información.
