La normatividad para evitar que ciudadanos con antecedentes delictivos se conviertan en candidatos y accedan a cargos de gobierno está debidamente contemplada en la ley.
Eso es bueno pero no es suficiente para impedirlo y tampoco depende de que lo exprese el presidente de la República para hacerlo.
Antes que los antecedentes formales de cada aspirante, los que tendrán mayor peso entre el electorado serán los de carácter ético y de congruencia en su carrera política y vida pública.
Más que en los tribunales, el peso del comportamiento público de los candidatos se dirimirá en las urnas. Y aún ahí habrá personajes de negros antecedentes y mala fama pasarán la prueba.
En el caso de Sinaloa, a los candidatos de los dos principales bloques electorales, Rubén Rocha Moya y Mario Zamora Gastélum no se les conocen, por ejemplo, actos de corrupción en los que hayan estado implicados. El escrutinio se extenderá también a sus familiares y aliados políticos.
Será importante la percepción ciudadana sobre el comportamiento de los personajes. ¿Han sido congruentes en su comportamiento público a lo largo de su carrera?
Si han estado en el gobierno, en todos los niveles y encabezado por cualquier partido, ¿ha sido por coincidencia ideológica, por afán de servicio, necesidad económica, negocios o ambición de poder?
Esas son cosas que a la ciudadanía le interesa saber, y que los candidatos deberán explicar, más allá de las denuncias penales que puedan tener. Si no, pregúntenle a Félix Salgado Macedonio.
