Más allá del bochornoso espectáculo que están brindando dos personajes importantes identificados con Morena en esta región, el diputado federal Casimiro Zamora Valdez, y la delegada regional del gobierno federal, Yocelín Hernández Jiménez, su enfrentamiento denota penosa inexperiencia e incapacidad para manejar situaciones relevantes, pero también muy sensibles desde el ejercicio de gobierno.
Él fue candidato de ese partido a diputado federal y ganó, y ella delegada del mismo para el proceso electoral de 2018. Zamora es ahora legislador y Hernández funcionaria del gobierno federal. Por lo tanto, sus dichos y acciones tienen su peso.
Por su gravedad, los señalamientos no deben quedar en lo anecdótico y lo mediático. Hay acusaciones tan serias que exigen ir más allá de la exposición pública de una actuación presuntamente irregular de una de las partes.
De la delegada hacia el legislador, hay una acusación por demás preocupante: quienes estaban levantando información entre los ciudadanos no tenían representatividad ni ningún derecho a hacerlo, y por lo tanto estaban usurpando una función.
Y no solo eso, sino que también hay señalamientos en el sentido de que esos usurpadores estaban solicitando a los esperanzados ciudadanos información de más, que no está contemplada oficialmente en los requisitos para incorporarlos a los programas sociales. ¿Para qué?
Y más: que esa información presuntamente sería utilizada con otros fines de carácter político, no para los formalmente establecidos.
Y no es todo. Está el público enfrentamiento en un domicilio particular en la zona de Batamote, con gritos, insultos y hasta baldazos de agua entre la delegada y quienes dicen fueron habilitados por el diputado Zamora como “Servidores de la Nación”. Vergonzoso. ¿Esa es la afectividad que tienen para con las familias más vulnerables?
¿En esas manos están los programas sociales del gobierno federal, la esperanza de los más pobres y la justa distribución de los apoyos? Pues si ese es el nivel, deveras que estamos amolados.
No son ni acusaciones al vuelo ni anónimas. Las está haciendo una funcionaria del gobierno federal. Entonces, si no hace la denuncia formal correspondiente con todos los elementos que ha hecho públicos a través de declaraciones a medios y sus redes sociales, mínimamente estaría incurriendo en una irresponsable omisión, que se configura también como delito.
Resulta muy lamentable que estas gentes que llegan al poder mediante la promesa de ser diferentes, de criticar los graves vicios y excesos de los gobernantes anteriores, se desnuden tan rápido e incurran en tan detestables, soberbias y vergonzosas prácticas.
No, no se trata solo de decir que son diferentes, sino de hacer las cosas diferentes, responsable y limpiamente. De brindar un trato digno a las personas, principalmente a quienes en medio de grandes carencias esperan un apoyo de alguno de los programas sociales del gobierno federal que venga a aliviar su miseria.
Para esas películas, ya nos las han pasado muchas veces, las hemos denunciado miles, y cuando parece que al fin llega alguien con la promesa firme de abolirlas para siempre, las protagonizan de nuevo, y con mayores escándalos.
Cuánta razón tiene la presidenta municipal, Aurelia Leal, cuando llama a la prudencia de las partes que protagonizan este escándalo, porque reconoce que excesos de esta naturaleza le pegan a su gobierno y, claro, al gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
