Esta semana, la Cámara de Diputados aprobó una reforma constitucional que elimina siete organismos autónomos, bajo el argumento de reducir el gasto público. La medida fue aprobada con mayoría calificada: 347 votos a favor y 128 en contra. Sin embargo, esta decisión genera incertidumbre sobre su impacto en derechos fundamentales como la transparencia y la protección de datos personales.
¿Qué organismos autónomos se eliminan?
Los organismos afectados por esta reforma son: la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), junto con los 32 institutos locales de transparencia.
En esta columna reflexionamos sobre las consecuencias de la desaparición del INAI y su impacto en los derechos de acceso a la información y protección de datos personales.
El destino incierto de la transparencia
El caso del INAI plantea interrogantes alarmantes, especialmente sobre el futuro de los 14,958 millones de archivos almacenados en la Plataforma Nacional de Transparencia. Estos documentos contienen información crítica sobre el uso de recursos públicos y datos personales protegidos por la ley. Su desaparición deja preguntas esenciales: ¿quién protegerá estos datos?, ¿quién evitará su mal uso?
El gobierno justifica la reforma argumentando que los recursos destinados a los organismos eliminados serán transferidos al Fondo de Pensiones del Bienestar. Sin embargo, esta medida carece de garantías sobre la correcta gestión de estos fondos, lo que abre la puerta a la opacidad y el manejo discrecional de los recursos públicos.
INAI: un pilar en la democracia mexicana
El INAI nació el 11 de junio de 2002 como el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, comenzando operaciones en 2003. Desde entonces, su principal función ha sido garantizar la transparencia y rendición de cuentas en la administración pública, así como proteger los datos personales de los ciudadanos.
Gracias al INAI, la ciudadanía tiene herramientas para fiscalizar el uso de los recursos públicos y acceder a información clave. Su autonomía es esencial para mantener un equilibrio de poder que evite abusos. La Plataforma Nacional de Transparencia, por ejemplo, es utilizada diariamente por periodistas, investigadores y ciudadanos interesados en exigir rendición de cuentas.
El derecho a la información está consagrado en el artículo 6 de la Constitución Mexicana, y la Ley Federal de Transparencia establece que toda información en manos de sujetos obligados es pública, salvo excepciones justificadas por interés público o seguridad nacional.
¿Qué implica la absorción por el gobierno?
La presidenta Claudia Sheinbaum ha anunciado que las funciones del INAI serán asumidas por la Secretaría de Anticorrupción, lo que plantea un grave conflicto de interés. Al depender del propio Ejecutivo, ¿quién vigilará a las dependencias gubernamentales? ¿Quién garantizará que la información sea confiable y completa?
La autonomía del INAI era clave para asegurar una vigilancia imparcial. Sin esta independencia, el derecho a la información corre un serio riesgo de ser vulnerado, debilitando los avances democráticos logrados en las últimas décadas.
Un retroceso preocupante
La eliminación del INAI y los institutos locales de transparencia podría contravenir tratados internacionales firmados por México, que promueven la existencia de organismos autónomos para fortalecer la rendición de cuentas y proteger los derechos ciudadanos.
Sin un órgano independiente que garantice la transparencia, México enfrenta un retroceso en el acceso a la información pública y en la protección de datos personales. Esto no solo afecta la confianza ciudadana, sino también la percepción internacional sobre la solidez de nuestras instituciones democráticas.
Reflexión final
La desaparición del INAI plantea un grave desafío para los derechos fundamentales en México. ¿Estamos dispuestos a aceptar un mayor nivel de opacidad y centralización del poder? El acceso a la información no es solo un derecho, sino un pilar esencial para la democracia y la rendición de cuentas.
La historia del INAI muestra la importancia de organismos autónomos en la vigilancia del poder público. Su eliminación representa una amenaza directa para los derechos ciudadanos y un paso atrás en el fortalecimiento democrático de nuestro país.
El tiempo dirá si este cambio fue para ahorrar recursos o para debilitar los derechos de los mexicanos. Por ahora, las dudas persisten y el riesgo es innegable.
