Hace unos días el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo, sin recurrir a argumentos técnicos o científicos para respaldar su dicho, que “llueva, truene o relampaguee” se dará el regreso a clases presenciales esté mes. Y creo que en esa postura se sostiene.
La propuesta fue recibida y respaldada con cautela y una dosis de prudencia por el gobierno del estado, que sin contundencia se pronunció por el regreso de los estudiantes a las aulas con algunas condicionantes.
Lo malo es que la intención se da en lo más fuerte de la llamada tercera ola de contagios, que se está registrando con mucha fuerza en varios estados del país, y particularmente en Sinaloa.
Lo bueno es que el asunto está en la discusión pública y ha servido para que se pronuncien autoridades de salud, de educación, especialistas en la materia y padres de familia.
Pero en el caso de Sinaloa, al margen del alto índice de incidencia y letalidad, para decidir si se regresa a las aulas o no se tiene que partir de algo tan elemental como el hecho de que la infraestructura escolar no está a la altura.
Muchas escuelas no cuentan ni tan siquiera con el servicio de agua potable, ni con equipos de ventilación y limpieza. Así, sencillamente no se puede.
Ante la pandemia y sus impactos en diversos rubros, entre ellos el de la educación, es necesario asumir como ciudadanos una actitud muy responsable y exigir a las autoridades de salud y educativas que hagan lo propio.
Si como ciudadanos estamos aportando la parte que nos corresponde, tenemos toda la calidad moral para exigir a las autoridades un comportamiento serio, con actitudes acordes a la gravedad del problema y a la investidura del funcionario.
Hay mucha desinformación sobre la enfermedad, con un complejo y agravante contexto de confrontación en materia política y el fácil acceso a la tecnología que permite a cualquier persona manifestar su postura con toda facilidad e incluso difundir información falsa con la intención de fomentar el caos.
El problema es grave y no pueden admitirse actos populistas de unos ni declaraciones convenencieras y malintencionadas de otros.
