Durante las últimas semanas surgió una gran controversia sobre la distribución y aplicación de la vacuna contra el COVID 19 en nuestro país.
Se había dicho que la adquisición, distribución y aplicación sería exclusiva del gobierno federal, lo que era una aberración que hubiera tenido muchos costos políticos y en vidas humanas.
Afortunadamente ayer por la tarde el Presidente Andrés Manuel López Obrador, en un mensaje difundido a través de las redes sociales, anunció que no habrá restricciones de parte del gobierno para que empresas privadas adquieran la vacunas y la vendan en México.
En lo personal son reconsideraciones que aplaudo. Creo que la del gobierno en este caso es una postura responsable.
Soy de la idea de que el Estado mexicano debe regir todo el proceso en este sentido, pero en dos vertientes, no mediante la exclusividad en la compra y distribución del producto.
Monopolizar el asunto exhibiría cuando menos dos problemas: uno, el desprecio del gobierno a la iniciativa privada, y dos, su incapacidad para controlar excesos y abusos que puedan darse de parte de particulares en este tipo de casos, pero sobre todo en este en particular, donde se trata de un asunto de vida o muerte.
El riesgo, además, de la politización y partidización de ese derecho, que no se termina pero que puede reducirse al haber alternativas, que tienen los mexicanos de buscar la inmunidad a como les plazca.
Si la preocupación es que el antígeno llegue a los más pobres, que se busque un mecanismo efectivo para que los más vulnerables económicamente puedan tener la vacuna de manera rápida y gratuita.
Y paralelamente, mediante un estricto control a través de las instancias de las que dispone el Estado, permitir la adquisición y venta de la vacuna a empresas farmacéuticas formalmente establecidas.
Así, quienes tienen la posibilidad económica de comprar por su cuenta el producto, podrán hacerlo y no esperar a que el gobierno se lo haga llegar. Eso permitiría al Estado acelerar el proceso de vacunación en los segmentos sociales fijados como prioritarios y mantener la alternativa de vacunarse en empresas privadas a particulares.
Eso es un derecho de elemental libertad en una democracia. A los mexicanos no se les debe alentar hacia la necesidad de un tutelaje de parte del Estado.
La conclusión es de sentido común: El gobierno dispondrá de las vacunas para garantizar su aplicación gratuita a quienes no puedan o no quieran comprarlas, y permitirá, mediante rigurosas medidas de control para evitar abusos, que quien tenga con qué pagarlas pueda hacerlo si le da la gana para aplicársela por su cuenta y no esperar el turno que le asigne el gobierno. Punto.
