Culiacán, Sinaloa, 09 de agosto 2021. Las ganancias del que ha sido llamado “cartel de las armas” en Estados Unidos son multimillonarias. El Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI, por sus siglas en inglés) con base en información oficial, calcula que los negocios de venta de armas de todo tipo en ese país, han aumentado en un 47% desde 2002 a la fecha.
Las ventas de las principales empresas de venta de armas en Estados Unidos, en el 2019, llegaron a los 246 mil millones de dólares, que equivalen al 59% del acumulado por las cien principales a nivel mundial.
La proporción de “latinos” que compran armas en los miles de negocios de ese tipo a lo largo de la frontera sur de Estados Unidos, ha venido aumentando de manera significativa y también los compradores que revenden el armamento.
Es un secreto a voces que los narcotraficantes, de allá y de acá, son clientes importantes de las armerías y que algunos fabricantes hacen armas a pedido especial, incluso con los adornos que se solicitan.
Esas empresas, que han sido justamente demandadas por el gobierno mexicano, “diseñan, comercializan, distribuyen y venden armas de forma que saben que arman a los cárteles de la droga en México”, ha señalado la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
El presidente AMLO fue más enfático: “estas empresas hacen armas a la medida de los clientes de México que se dedican a la delincuencia organizada”, sostuvo en Palacio Nacional.
ILEGALES Y NEGLIGENTES
En su demanda, que ha sido radicada en Boston, Massachusetts, el gobierno mexicano acusa de negligencia e ilegalidad a fabricantes de Estados Unidos (doce en total) cuyas armas terminan de contrabando en México y las principales son: Smith & Wesson, Beretta, Century Arms, Colt, Glock y Ruger.
Todas ellas saben bien en qué manos van a parar sus pistolas, rifles, ametralladoras y hasta bazucas.
En la demanda se incluye a los fabricantes del rifle Barrett, un arma de guerra destinada a los francotiradores, de calibre 50, cuyo uso es bien conocido en México por parte de los cárteles de la droga, y a Interstate Arms, mayorista en el área de Boston.
Todas las empresas demandadas por México venden sus armas para su reventa en todo Estados Unidos y la SRE de nuestro país ha denunciado que “casi todas las armas recuperadas en las escenas del crimen en México -entre el 70 y el 90 por ciento de ellas- fueron traficadas desde Estados Unidos”.
En la frontera sur de Estados Unidos hay más de diez mil tiendas de armas, lo que parece exagerado pero no lo es. Venden mucho, por eso están ahí, y saben bien a quienes les venden y hasta les ayudan.
Es imposible que las empresas del llamado “cartel de las armas” no lo sepan y lo siguen haciendo, el mercado ilegal, traficando y vendiendo sin el menor control.
LA DEMANDA
Así las cosas, con una medida que debió ser tomada hace muchos años, México presentó la demanda civil contra el cartel armero “por los daños que causan en el país cuando llegan (sus armas) de manera ilegal”.
Aunque no se acusa directamente al gobierno de Estados Unidos, sino al “cartel de las armas”, se deja claro que para evitar el paso de armas a México no ha hecho lo suficiente.
Con la demanda se busca una justa compensación al gobierno de México de parte de esas empresas, en proporción al daño que han ocasionado, lo que sería determinado en el juicio correspondiente.
UNA MEDIDA NECESARIA
El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Senado, Ricardo Monreal, ha calificado la demanda de “oportuna, valiente y justa” y destacó que no tiene precedentes. En efecto, y se inscribe ya en lo que debe ser la conducta del gobierno mexicano ante los abusos y excesos de Estados Unidos.
Sin duda, “México no puede mantenerse ya callado ni silencioso” y el estigma del “patio trasero” debe terminar a fuerza de autodeterminación e independencia nacional.
EL CHANTAJE GASERO
Como acostumbra la privada iniciativa mexicana, a la necesaria regulación del precio del gas de consumo doméstico respondieron las “gaseras” con el chantaje y la amenaza.
Se declararon en “paro” y, aunque por poco tiempo, dejaron sin abastecimiento a buena parte de la Ciudad de México y del estado vecino, alegando que no ganan lo suficiente (según ellos).
En respuesta a las gaseras leoninas (las hay también en Sinaloa) el gobierno de AMLO respondió que “se está analizando la posibilidad de presentar denuncias en contra de quienes se nieguen a cumplir con su obligación de prestar el servicio de un insumo fundamental para la gente, desde distribuidores hasta comisionistas”.
Concretamente, el presidente dejó claro que “no es en vano resistir estas presiones… son medidas que tenemos que llevar a cabo en beneficio del pueblo”.
Es lo que se debe hacer, y no solo con el gas, mientras ya recularon los gaseros en paro.
EN EL TINTERO
-Que más de seis millones y medio de mexicanos se pronuncien por enjuiciar a ex presidentes (que eso fue, sin descargo de la confusa pregunta de los magistrados) en modo alguno se puede calificar de “fracaso”. Se trata, además, de una definición ideológica y política que no es dable desdeñar en cualquier análisis desprejuiciado.
-Hizo bien el ministro Zaldívar al renunciar a la prolongación de su presidencia en la Suprema Corte.
-La pandemia que va a llegar a la “variante omega”, de la mano del leonino negocio de laboratorios, clínicas, farmacias, médicos (no todos) y sigue.
-Terminaron en Tokio los juegos del gran negocio del Comité Olímpico Internacional. El espíritu deportivo y la competencia justa y leal, cada vez más lejos. Negocios son negocios.
