De la instalación de puntos de revisión para detectar a conductores que se hayan excedido en el consumo de alcohol, más que el cuestionamiento sobre su aceptación y viabilidad, lo que verdaderamente inquieta a la sociedad es su implementación y el evidente desvío de su auténtico objetivo. Es el dilema de las propias autoridades.
Por una parte está el interés mayoritario de prevención de accidentes que tanto dolor dejan a las familias y el impacto económico de éstos en los particulares, las empresas y el Estado. Esto hace que en lo general este tipo de operativos tengan amplia aceptación, porque salvan vidas y evitan grandes gastos en la atención de pacientes consecuencia de percances viales en clínicas privadas y hospitales públicos.
Lo criticable es la forma en que regularmente se ejecutan estos operativos, con vicios que evidentemente favorecen la corrupción de quienes los manejan o satisfacen la voracidad recaudatoria de las autoridades, o las dos cosas a la vez.
Por eso, no dice una mentira la presidente municipal de Guasave, Aurelia Leal, al declarar que hasta ahora queda claro que más que preventivo, el alcoholímetro ha sido recaudatorio, postura que la llevó a asumir que al mantenerse el controvertido operativo, los conductores ebrios no serían llevado a “El Torito” sino a sus domicilios en patrullas de la Policía Municipal, sin ningún tipo de sanción.
Pero creo que las cosas no pueden funcionar así, y es necesario reaccionar de manera más reflexiva, realista, y menos apasionada. Si hasta ahora este programa, que insisto tiene una alta aceptación de la sociedad, tiene vicios y es recaudatorio antes que preventivo, pues creo que es el momento para corregir las fallas, hacerlo auténticamente precautorio y tomar medidas para que deje de ser tributario.
Por lo pronto la alcaldesa reconoció que se tiene que analizar más detenidamente la manera en que va a funcionar a partir de ahora este operativo. Esa parece una postura más acorde con la realidad y puede poner a trabajar en ese sentido a sus colaboradores de confianza y conocedores del tema, que los tiene.
Ese puede ser un buen punto de partida para un gobierno que quiere ser diferente, preventivo pero no cómplice, menos corrupto y que responda a un reclamo vehemente de esa parte de la sociedad que no quiere ser víctima de un alcoholizado al volante, o de las familias de aquellos que ya lo han sido.
Aurelia Leal creo que tiene un importante capital político para hacer esos cambios a partir de este momento, sin que en su afán de hacer un gobierno diferente asuma la obligación de llevar a los borrachos a su casa en vehículos oficiales, lo que en sí mismo implica, además, colocar en situación de riesgo a la familia de esa persona que se pasó de copas.
Concluyamos con una reflexión que puede parecer dura, pero que no deja de ser realista: Reducir el riesgo de un accidente con víctimas inocentes es mucho más importante que la preocupación que pueda tener un borracho por llegar a su casa directo y sin escalas.
Finalmente, si el denominado alcoholímetro es recaudatorio, pues tómense las medidas para que no lo sea, y si es punto de corrupción y extorsión, pues colóquense los candados para que deje de serlo.
Y no coma mazapanes para engañar al aparatito si ha bebido de más: está comprobado que no funciona.
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