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Cuando el poder exige cuentas

El desafuero del alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, marca un antes y un después en la forma en que se entienden —y enfrentan— las responsabilidades...

Víctor Torres, director general de Línea Directa
Línea Directa | Víctor Torres, director general de Línea Directa

El desafuero del alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, marca un antes y un después en la forma en que se entienden —y enfrentan— las responsabilidades del servicio público en Sinaloa.

No se trata de una sentencia, sino de un proceso legal en curso. Y aunque Vargas Landeros no ha sido declarado culpable, las consecuencias políticas ya son visibles.

La resolución del Congreso no lo condena, pero sí lo deja en manos de la justicia como a cualquier ciudadano. El fundamento: presuntas irregularidades en un contrato de 171 millones de pesos para arrendar 126 patrullas con recursos federales.

La Fiscalía señala probables delitos de ejercicio indebido del servicio público, sustentados en observaciones de la Auditoría Superior de la Federación y la del Estado. El proceso es legal y apenas inicia. La Fiscalía deberá probar sus señalamientos, y el alcalde y su equipo, ejercer su defensa.

En lo político, el impacto es inmediato. El capital que Vargas acumuló durante años sufre un golpe severo. Difícilmente podrá mantener la misma influencia en el corto plazo.

Como se sabe, no es un caso aislado. Antes, fueron removidos Jesús Estrada Ferreiro en Culiacán y Luis Guillermo Benítez Torres en Mazatlán, separados del cargo por ejercicio indebido del servicio público. El mensaje es claro: el poder ya no exime de rendir cuentas.

Las decisiones tomadas desde el poder, por costumbre, confianza o urgencia, si no se ajustan a la ley, pueden derivar en consecuencias graves.

A veces el desvío de recursos no obedece a una intención maliciosa, sino al descuido: una licitación omitida, un contrato firmado con prisa, un proveedor sin papeles en regla. Pero también hay casos donde sí hay dolo, y eso agrava aún más la responsabilidad.

Hoy el control del gasto público es más estricto; esos descuidos o acciones premeditadas escalan a responsabilidades penales y no siempre se resuelven con operación política.

El caso Ahome subraya una nueva realidad: ejercer el poder exige transparencia, orden y previsión. Cada firma, cada contrato y cada decisión cuentan.

Fuente: Internet

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Víctor Torres

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