El reciente anuncio del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, sobre la solicitud de un crédito de 2 mil 300 millones de pesos ha desatado un debate en diversos sectores de la sociedad. Este recurso, según se ha explicado, se destinará a un paquete de obra pública con el objetivo de reactivar la economía estatal, beneficiando a los 20 municipios de la entidad, con especial énfasis en Culiacán, el municipio más golpeado por la ola de inseguridad que ha sacudido al estado desde el pasado 4 de septiembre.
Sin duda, es innegable que la estrategia del gobernador Rocha busca evitar la paralización del sector de la construcción, una de las principales fuentes de empleo en la entidad. Además, se trata de un motor económico que tiene efectos multiplicadores en otros sectores como el comercio y los servicios.
El esfuerzo de la administración estatal merece reconocimiento, pero también un análisis profundo de los riesgos y las condiciones en las que se toma esta decisión. El antecedente, y lo ha dicho el propio gobernador, es que las finanzas públicas estatales enfrentan un “boquete” derivado de una deuda arrastrada desde la administración pasada.
Según lo señalado, la gestión del exgobernador Quirino Ordaz dejó una pesada carga, agravada por auditorías del Servicio de Administración Tributaria del Estado (Sates) que no fueron reportadas a las autoridades federales.
Hay quienes exigen que se investigue a la administración anterior y se deslinden responsabilidades por las presuntas irregularidades cometidas en las auditorías no reportadas a la autoridad federal, que dieron como resultado el adeudo reclamado por la Secretaría de Hacienda.
El reclamo no es menor, ya que permitir que estas irregularidades pasen inadvertidas no solo afectaría la transparencia sino también la confianza en el manejo de los recursos públicos, con un costo político para la actual administración.
Los representantes del sector privado han mostrado cierta disposición a apoyar esta medida, reconociendo que es una vía rápida para activar proyectos de infraestructura que generen empleo y dinamicen la economía. Sin embargo, también se han escuchado voces críticas, especialmente desde partidos políticos de oposición, que advierten sobre el impacto que el “borrón y cuenta nueva” puede tener en el largo plazo.
Finalmente, el compromiso del gobierno de Rocha debe ser doble: por un lado, garantizar que los recursos del crédito se utilicen estrictamente para los fines anunciados, priorizando la obra pública que realmente impacte en el desarrollo económico y social de los municipios más afectados, como Culiacán. Por otro, asegurar que las irregularidades del pasado no queden impunes, enviando un mensaje claro de que los recursos públicos no son un botín, sino una herramienta para el bienestar de la población.
