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Desde principios de los noventas, cuando los dueños de las casas de juegos que antecedieron a los actuales casinos empezaron a reclamar estatuto legal, se planteó la necesidad de abrir un debate nacional al respecto.
Ya operaban palenques, las apuestas en carreras de caballos y se autorizaban juegos de azar en las ferias regionales, además de las loterías que iniciaban otras modalidades.
Hacia 1995, el tema de los casinos alcanzó la tribuna del Congreso, pero fue hasta 1999 (el 26 de febrero) que cincuenta y ocho diputados de los grupos parlamentarios del PAN, PRD y PRI suscribieron una iniciativa para reformar la Ley Federal de Juegos y Sorteos.
Unos días después, el 3 de marzo de 1999, se presentó ante la Comisión Permanente la iniciativa de Ley Federal de Juegos con Apuesta, Sorteos y Casinos, suscrita por diputados federales de distintos grupos parlamentarios, que fue turnada a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Turismo de la Cámara de Diputados.
En noviembre de 1999, la Comisión de Turismo hizo llegar a la de Gobernación y Puntos Constitucionales una opinión favorable para actualizar el marco legal del juego con apuesta en forma integral.
A LOS HECHOS CONSUMADOS
En noviembre de 1999, se daba por hecho la instalación de casinos en México. La comisión de la Cámara de Diputados conformada para estudiar el asunto, donde participaban representantes del PRI, PAN y PRD, tenía listo el dictamen favorable.
Sinaloa no estaba en la relación inicial de entidades donde funcionarían los casinos, pero se sabía que empresarios mazatlecos, con el apoyo del gobierno del estado, según versiones, realizaban gestiones para que se incluyera.
Por esas fechas advertimos que los casinos se instalarían poco a poco pero de manera efectiva, al margen incluso de las leyes que al respecto se proponían. Lo que sucedió, en efecto.
Dijimos que la discusión sería parcelada y no llegaría al conjunto de la ciudadanía, sencillamente porque no convenía a los promotores de casinos desde el gobierno y el Congreso. Y eso fue lo que pasó.
En el trayecto, el 13 de diciembre de 2002, la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública emitió dictamen respecto al Proyecto de Decreto de Ley Federal de Juegos con Apuesta y Sorteos.
En ese dictamen se reconocía que el debate sobre la regulación de los casinos seguía inconcluso.
LOS ARGUMENTOS EN CONTRA
En la LVIII Legislatura federal (septiembre de 2000-agosto 2003) algunos diputados perredistas se manifestaron en contra de la instalación de casinos, coincidiendo con argumentos, también planteados por estudiosos y analistas, como los siguientes:
-Los casinos no representan un factor de atracción del turismo en nuestro país, que se ha desarrollado sin necesidad de ellos (Cancún era el principal destino turístico nacional y no tenía casinos, aunque ahora los tiene).
-No es cierto que los casinos detonen el turismo extranjero. Hay muchos turistas extranjeros que hacen vacaciones de tipo familiar y no buscan casinos. Es más, los eluden en sus viajes porque las ciudades que los tienen muestran mayores tasas de criminalidad.
-Está demostrado con estadísticas serias que donde hay casinos la tasa de criminalidad se incrementa, principalmente en el robo de vehículos, los asaltos a mano armada y las violaciones.
-Esos negocios (en los lugares de mayor poder económico) son prácticamente monopolios de las trasnacionales, empresas que cuentan con las condiciones y la infraestructura necesaria para operarlos.
-Los casinos explotarán un mercado, no de turistas extranjeros que estén visitando México, sino de consumidores o usuarios nacionales (lo que ya es un hecho).
-Tampoco representarán un ingreso de divisas ni un impacto benéfico para el desarrollo económico del país.
Esos argumentos, entre otros, no fueron tomados en consideración, se procedió sin considerar la opinión ciudadana (al igual que en muchas otras partes del mundo) y los efectos negativos que se advirtieron están hoy presentes y se agudizan (continuará).
EN EL TINTERO
-Que se va Citigroup de México (aunque se queda con las grandes cuentas) habiendo ganado, desde el 2001, sin pagar impuestos cuando compró Banamex, 255 mil millones de pesos, según datos oficiales. ([email protected]).
