Una consulta popular bien planeada y ejecutada puede ser una herramienta importante para medir el sentir de la ciudadanía sobre un tema.
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Es una herramienta que puede ayudar en el proceso democrático para que la sociedad se dé cuenta que tiene el poder para incidir en temas de gran relevancia para el país.
Su uso perverso y manipulado puede también generar dividendos políticos a los promotores, e incluso que estos se laven las manos en la toma de decisiones complejas.
Sencillamente hay responsabilidades que el gobierno tiene que asumir, con todos los riesgos que ello implique. Ir contra quienes hayan cometido un delito es una ellas. Eso no se pregunta a la gente. Simplemente se hace respetar el marco jurídico.
Pero en apego estricto a la ley y al más elemental sentido común, la que se hará el domingo próximo no tiene razón de ser. Los argumentos han sido expuestos a bastedad.
Desde su anuncio hasta la formulación de la pregunta, que en apego a su redacción no establece lo que sus promotores dicen.
“¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”, establecerá la papeleta en la que expresarán su postura. No será fácil para los participantes descifrar el mensaje, pero eso será lo de menos.
Muchos de los ciudadanos que acudan a las mesas receptoras de opinión, lo harán no guiados por la reflexión, sin entender incluso el confuso contenido de la pregunta, sino por una fe ciega hacia su líder.
Creo que la mayoría de los mexicanos estamos por la cero impunidad y por el manejo honesto y transparente de los gobiernos anteriores, los actuales y los que vienen. Eso no debe estar a discusión.
