MÉXICO.- La futura candidata presidencial del Frente Amplio por México (PAN-PRI-PRD) llevó ante jueces de amparo la solicitud en contra de un “asesor B” de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México.
En la demanda de amparo, la coordinadora de la oposición denuncia que el funcionario incumplió sus obligaciones como son promover, respetar, proteger y garantizarle el derecho a la presunción de inocencia.
De acuerdo con el documento que portaba consigo la política, el funcionario de la Ciudad de México hizo declaraciones en redes sociales y medios al señalarla como responsable de delitos como enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, conflicto de interés y también de corrupción.
Sin embargo, al no existir sentencia sobre las acusaciones que se le señalaban, la senadora solicitó el amparo por incumplir la presunción de inocencia, más aún en calidad de funcionario del asesor cuyo nombre no fue mencionado en las resoluciones de los jueces que recibieron la demanda.
Juzgados se echan la bolita
El Juzgado Décimo Primero de Distrito en materia Administrativa recibió la demanda de la senadora pero se declaró incompetente para conocer el asunto, así que determinó turnar el asunto y pasarlo a un juzgado penal.
Luego, el Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en materia Penal conoció la demanda pero también este se declaró incompetente.
Miguel Ángel Alpizar, actual secretario del Juzgado Sexto de Amparo en materia Penal, respondió que el señalado en la demanda es un funcionario público de la Ciudad de México y los actos reclamados no competen a una autoridad penal, pero tampoco son competencia del proceso administrativo en juicio penal.
Todo surgió luego de que la senadora expresó el incumplimiento del funcionario, quien la acusa de los delitos basándose en que existe una denuncia en la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México contra ella, aunque no hay juicio ni sentencia.
