México.- En la mañana de este viernes 7 de marzo una jueza federal determinó la vinculación a proceso de cuatro excolaboradores de Silvano Aureoles Conejo – exgobernador del estado de Michoacán, quienes fueron detenidos por presunto daño al erario por 3 mil 412 millones de pesos en la construcción de siete cuarteles de la Guardia Civil del estado.
Durante la audiencia, celebrada en el Centro de Justicia Penal Federal, con residencia en el Reclusorio Oriente, los abogados de los imputados presentaron diversos datos y medios de prueba para desvirtuar las acusaciones de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, la Contraloría de Michoacán, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Te puede interesar: “Es un asunto de la Fiscalía”: Sheinbaum sobre investigación contra Silvano Aureoles
Sin embargo, la jueza de control Patricia Sánchez Nava desechó estos recursos y confirmó la vinculación a proceso de Carlos Maldonado Mendoza, exsecretario de Administración y Finanzas; Antonio Bernal Bustamante, exsecretario de Seguridad Pública de Michoacán; Mario Delgado Murillo, exdelegado administrativo de la Secretaría de Finanzas; Elizabeth Villegas Pineda, exdelegada Administrativa de la SSPC, quienes enfrentan cargos por los delitos peculado, asociación delictuosa, operaciones con recursos de procedencia ilícita y administración fraudulenta.
En el caso del exsecretario de Administración y Finanzas, Carlos Maldonado Mendoza, su defensa alegó que el exfuncionario solo autorizó tres oficios para realizar pagos a la Inmobiliaria DIP, propiedad del empresario Joaquín Martínez del Campo, a la que se señala de beneficiarse con los contratos de arrendamiento, servicios y la compraventa a sobreprecio de los cuartees en los municipios de Huetamo, Apatzingán, Coalcomán, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zitácuaro, y que en algunos casos se falsificó su firma.
Sigue más noticias como esta en nuestra sección México
Alexander Rubén Castillo, abogado de Maldonado Mendoza, señaló que la entrega de los contratos, así como el de la compraventa fueron autorizados por el comité y subcomité de adquisiciones del gobierno del estado y no por su cliente.