Palaú, Múzquiz.-
Las familias de los siete mineros que murieron en un pocito de carbón en
Palaú, municipio de Múzquiz, recibirán una indemnización, cuyo monto
oscila entre los 150 mil y 200 mil pesos, de acuerdo con la antigüedad
de los trabajadores, dijo Federico Quintanilla Riojas, quien se presentó como dueño de la mina.
Además, a cada familia se le dará un pago semanal, hasta que se les
otorgue la pensión del Seguro Social (IMSS), señaló Quintanilla, ex
alcalde priísta de Progreso.
Mientras las familias velaban, lloraban y enterraban a sus muertos, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social suspendió
provisionalmente las labores de extracción en el pozo de carbón
siniestrado, donde el miércoles por la mañana murieron siete mineros
debido a que estalló una bolsa de gas metano, pero no lo clausuró.
?Peligro Inminente. No se va a dar acceso hasta que se cumplan con las medidas de seguridad e higiene?,
advierte un letrero que colocó en el lugar personal de esa dependencia
por medio de la Dirección General de Inspección Federal del Trabajo.
El delegado de la Secretaría de Economía, Luis Gallegos Duarte, indicó que la concesión del pocito carbonero está a nombre del empresario David Armando Morales Yutani,
con el título número 23, con un lote de casi 13 hectáreas. Sin embargo,
aparecen como contratista la empresa El Progreso, SA de CV, propiedad
de Quintanilla Riojas mediante un contrato firmado el pasado 11 de mayo
de 2011, bajo el título 239.
El delegado reconoció que no se cuenta con un padrón de pocitos carboneros debido a que ?unos abren y otros cierran?,
pero dijo que Economía ha otorgado 2 mil 350 concesiones para la
explotación de carbón y minerales en todo Coahuila, no sólo en esta
región.
Funcionarios federales y estatales se concentraron en la ciudad de Nueva Rosita donde analizaron la situación. El gobernador Rubén Moreira acudió a las agencias funerarias a dar el pésame a las viudas, sus hijos y padres de las víctimas.
En entrevista, Moreira descartó el cierre total de los llamados pocitos
de carbón y pidió trabajar en el reforzamiento de las medidas de
seguridad para los mineros de la región.
Son 12 menores de edad los que quedaron en la orfandad. El mandatario
ofreció a las madres que se les apoyará con becas para sus hijos, se les
dará ayuda alimentaria y préstamos a través del Banco de las Mujeres
para que pongan un negocio.
Seis de los fallecidos fueron velados en funerarias y uno en su
domicilio particular; cinco estaban casados y tenían entre dos, tres o
cuatro hijos cada uno; dos eran solteros.
El pasado miércoles, minutos después de las 8:00 horas, una explosión
por acumulación de gas metano privó de la vida a siete trabajadores
cuyos cadáveres fueron recuperados unas ocho horas después y entregados a
sus familiares entre las 3:00 y 7:40 horas de ayer.
Las víctimas de entre los 22 y 39 años de edad dejaron en la horfandad a 12 menores de edad.
La explosión se debió a que uno de los obreros rompió ?una bolsa? de gas metano, conocido como ?gas grisú?,
explicó Federico Quintanilla hijo. Los familiares agradecieron que los
brigadistas hayan recuperado los cuerpos muy rápido, pues temían que
ocurriera lo que pasó en la mina Pasta de Conchos en 2006 donde
fallecieron 65 trabajadores, pero sólo sacaron dos cadáveres.
Inicia averiguación previa
El delegado de la Procuraduría General del estado en la Región Carbonífera, Norberto Ontíveros, informó que la causa de la muerte de los siete fue shock neurológico producido por onda expansiva por explosión.
Dio a conocer que la Procuraduría inició la averiguación previa para
determinar si hay responsabilidad penal, de ser así los responsables
podrían ser sancionados hasta con cinco años de prisión.
Norberto Ontíveros dijo que las indemnizaciones para los deudos serían por el orden de los 200 mil pesos, aproximadamente.
