?Saltillo, Coah.-
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) tiene el acceso restringido en forma parcial o total en 32 minas, tajos y pocitos de carbón en la Región Carbonífera de Coahuila.
Dicha medida que afecta a 573 trabajadores se debe a que existe peligro para los obreros porque los empresarios no cumplen con la normatividad en materia de seguridad e higiene.
El director general de Inspección del Trabajo de la STPS, Rafael Adrián Avante Juárez, dijo que durante el 2009 se limitó la entrada en 17 fundos y en el 2010 en 15 y aclaró que mientras no subsanen las anomalías señaladas los patrones tienen la obligación de pagar sueldos y prestaciones a los carboneros que no estén laborando.
Sentenció que el objetivo de la STPS no es cerrar fuentes de empleo, sin embargo sentenció tajante: “Vamos a imponer todas las clausuras que sean necesarias hasta que se entienda que la vida, la seguridad y la salud de los mineros está por encima de cualquier meta productiva.
Por eso se clausuró la mina “Lulú”, del municipio de Escobedo donde el 3 de febrero pasado por un derrumbe murieron 2 carboneros y en otro caído ocurrido el 6 de agosto de 2009 también perdieron la vida dos trabajadores más.
El funcionario federal informó que en los últimos 5 años se han realizado 100 inspecciones a las minas, pozos y tajos de la cuenca y se ha sancionado a los empresarios que violan la ley con un monto total de 16 millones 443 mil pesos.
Cabe destacar que la supervisión a la industria extractiva se reforzó después del 19 de febrero de 2006, a raíz de la explosión en la mina Pasta de Conchos, del municipio de San Juan de Sabinas donde fallecieron 65 mineros, pero solo se recuperaron dos cuerpos y 63 quedaron sepultados en el socavón.
Avante Juárez anunció que en marzo arrancan el Operativo de Inspección 2011 cuya meta es supervisar el funcionamiento de 100 centros de extracción de carbón.
Enseguida detalló las acciones que realizan en conferencia de prensa conjunta con el subprocurador general de Asuntos Foráneos de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET), Daniel Ornela Salazar y el delegado de la STPS, Manuel Hernández Rocha.
El funcionario federal reconoció que hay muchas anomalías que subsanar y solicitó a los mineros que las denuncien; garantizó que no habrá tolerancia porque se sancionará severamente y se aplicará todo el peso de la ley a quienes no cumplan con la norma y los empresarios responsables podrían ir a dar a la cárcel.
También enumeró las irregularidades de sobra conocidas, como los sueldos que los patrones reportan al Seguro Social que son menos de lo que les pagan.
Reconoció que algunos siguen laborando aunque tengan accesos restringidos, que no esparcen en las paredes y techos el polvo inerte e ignoran otras medidas de prevención para evitar riesgos y tragedias.
