Ciudad de México.- Más de 5 mil funcionarios pelean para que no les bajen el salario como lo plantea la Ley de Remuneraciones.
Hasta este martes son 5 mil 774 los servidores públicos que han presentado mil 275 demandas de amparo contra la Ley Federal de Remuneraciones, que establece que ningún servidor público puede ganar más que el presidente de la República, informó el Consejo de la Judicatura Federal.
En el listado, 367 de los funcionarios son jueces, 425 son magistrados, 2,005 secretarios, 418 actuarios, 1,098 oficiales y 1,000 externos del Poder Judicial, de Pemex, Cofece, PGR, IPN, CFE, Cisen, INE, SAT y la Secretaría de Gobernación.
El lunes pasado, jueces y magistrados que se oponen a la Ley Federal de Remuneraciones respondieron al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, negando que sean privilegiados y que vivan del abuso del erario público.
Lo anterior, luego de que López Obrador dijera que son ofensivos los salarios que ganan los integrantes del Poder Judicial.
En medio de esta confrontación de dichos entre el Ejecutivo y el Poder Judicial, una resolución de la Suprema Corte de Justicia suspendió la aplicación de la Ley de Remuneraciones. Sin embargo, Morena en el Senado anunció impugnaciones y un recurso de reclamación en contra del ministro Alberto Pérez Dayán.
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La suspensión, señalaron Martí Batres y Ricardo Monreal, “no procede dado que en las acciones de inconstitucionalidad, según el artículo 52 de la ley reglamentaria, el ministro contraviene en su determinación lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 64 de la ley, el cual contiene la prohibición expresa de otorgar la suspensión de una norma general”.
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En el tema de la Ley de Remuneraciones empezamos bien, aplicaremos el 127 constitucional que indica que no puede haber nadie que gane más que el presidente de la república, empezando por el poder ejecutivo y el legislativo. ¡La austeridad va!
— Tatiana Clouthier (@tatclouthier) 10 de diciembre de 2018
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Los presidentes de la Mesa Directiva del Senado de la República, y de la Junta de Coordinación Política, emplazaron a la Suprema Corte a resolver antes del 15 de diciembre si es anticonstitucional, o no, la aplicación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.
