Ciudad de México. – El Gobierno de México informó que desde 2006 a la fecha se han registrado 130,178 personas desaparecidas o no localizadas, como parte del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, que acumula un total histórico de 394,645 casos desde 1952.
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Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, presentó una radiografía del fenómeno, destacando que el 66% de las personas reportadas han sido localizadas, y de ellas, el 92% fueron encontradas con vida.
Tres perfiles de desaparición y fallas en el registro
Los casos recientes (2006–2026) se dividen en tres grupos:
– 46,742 registros (36%) con datos insuficientes.
– 40,308 casos (31%) con indicios de actividad posterior.
– 43,128 casos (33%) sin actividad registrada.
En este último grupo, apenas 3,869 cuentan con carpeta de investigación, mientras que más de 26 mil son simples reportes sin indagatoria formal, lo que refleja una falta de seguimiento institucional.
Figueroa explicó que, antes de la reforma legal de 2025, era posible subir reportes sin datos mínimos, lo que generó registros con nombres genéricos como “Menor NN” o “El Cuate”, sin identidad verificable ni contexto, dificultando las búsquedas.
Depuración del registro y avances recientes
Para mejorar la precisión del registro, el gobierno implementó un cruce de datos con instituciones como el INE, Registro Civil, SAT y compañías telefónicas, lo que permitió detectar personas reportadas como desaparecidas que posteriormente realizaron trámites oficiales, se casaron o registraron hijos.
Gracias a este proceso, 5,269 personas fueron ubicadas y cambiaron su estatus a localizadas. Además, de octubre de 2024 a la fecha, se han localizado 31,946 personas como parte de la estrategia nacional de búsqueda.
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Reformas y compromiso institucional
El informe destaca que de cada 100 personas reportadas como desaparecidas, 66 son localizadas, y en 96 de cada 100 casos no hay delito asociado, lo que permite enfocar los esfuerzos en los casos de mayor riesgo.
Las nuevas reformas legales obligan a contar con datos mínimos de identidad desde el primer reporte y a abrir carpetas de investigación de forma inmediata, con el objetivo de dar mayor certeza a las familias y fortalecer la capacidad de respuesta institucional.
