MÉXICO.- El Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa citó desde el pasado mes de mayo a la Secretaría de Educación Pública para hablar y rediseñar los libros que se entregaron durante este año.
Dicho Juzgado Tercero, determinó un plazo de 24 horas a la Secretaría de Educación Pública (SEP) para que dichos libros tengan su nuevo rediseño.
¿Por qué razón? Todo esto para que cumpla la suspensión que ordenó desde mayo, que se sometiera a revisión y rediseño de los textos gratuitos de nivel básico que se distribuirán para el nuevo ciclo escolar 2023-2024.
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Según se señala que con fundamento en los artículos 136, 158 y 209 de la Ley de Amparo, requiérase a la Secretaría de Educación Pública, Subsecretaría de Educación Básica, Dirección General de Materiales Educativos y a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos.
Por su parte, la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuito (Conaliteg), responsable de esas tareas, se manifestó imposibilitada para cumplir con los mandamientos de la suspensión definitiva.
Se advierte que las autoridades responsables han sido omisas en dar cumplimiento cabal a la resolución atinente a la suspensión definitiva dictada en autos”, manifestó la jueza Mena en su resolución, donde se da el ultimátum a la SEP.
Los libros de texto ya se han distribuido para ser entregados a cada alumno, para el ciclo escolar 2023-2024, que iniciará la última semana de agosto respectivamente.
En la suspensión resuelta en mayo pasado, la juez de Distrito en Materia Administrativa indicó que para la impresión de los materiales la autoridad educativa se deberían apegar a los procedimientos establecidos en la ley, para cada una de las etapas de elaboración de los materiales educativos.
Solo de esta manera se garantiza su contenido pedagógico acorde con el interés superior de la infancia, así como con los objetivos democráticos y de formación académica; de ahí la necesidad de interacción con ciudadanos especializados y gobiernos estatales”, consideró la jueza.
Esta resolución fue impugnada por la SEP, ante un Tribunal Colegiado de Circuito, en donde, hasta esta fecha no se ha dictado sentencia, por lo que se debe dar cumplimiento a lo estipulado en la suspensión definitiva.
En la suspensión del 29 de junio, la autoridad judicial consideró que no se garantizó un procedimiento en el que participaran los gobiernos de los estados y especialistas en materia educativa, para definir los programas de estudio.
