México.- El procurador fiscal de la Federación, Félix Arturo Medina Padilla reveló que el grupo de trabajo intersecretarial que investiga el caso de corrupción en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), hasta ahora, ha logrado denunciar por un monto de 4 mil 900 millones de pesos.
El funcionario dijo que continúan las investigaciones sobre los actos de corrupción en Segalmex donde actuarán con firmeza, seriedad y responsabilidad, apegados a la instrucción presidencial de cero impunidad y cero corrupción.
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Medina Padilla explicó que dentro de los expedientes que han sido investigados se encuentran el uso ilícito de atribuciones y facultades y el desvío de recursos públicos por realizar inversiones bursátiles de alto riesgo por 800 millones.
Es decir, se denunció la compra de bonos basura con dinero público. En este sentido, destacó que el dinero se recuperó y se reintegró en su totalidad, así como parte de los intereses, en tanto están en proceso de recuperación los intereses restantes.
El funcionario detalló que desde enero de 2022 se creó un grupo de trabajo conjunto conformado por las secretarías de Hacienda; Gobernación; Seguridad y Protección Ciudadana; Función Pública, y Agricultura, así como Segalmex, coordinado por la Procuraduría Fiscal de la Federación, con el objetivo de colaborar para fortalecer los expedientes sobre los actos de corrupción en esa dependencia.
Al respecto, apuntó que este grupo de trabajo ha coadyuvado con el Ministerio Público de la Federación para obtener las pruebas que sustentan las denuncias presentadas ante la FGR y que habían sido ocultadas en las oficinas de Segalmex en todo el país y que se obtuvieron por medio de un gran esfuerzo de localización. Así, acotó, combatimos los intentos corruptos por ocultar la verdad y obstruir la justicia.
Subrayó que el grupo de trabajo ha coordinado la presentación de un total de 69 denuncias ante la FGR, de las cuales 55 fueron presentadas por Segalmex, Diconsa y Liconsa; cuatro por la Procuraduría Fiscal de la Federación, nueve por la UIF y una por la Secretaría de la Función Pública. Con ello, indicó, buscamos que se persiga y sancione a los responsables de delitos relacionados con el uso ilícito de atribuciones y facultades, defraudación fiscal, captación irregular de recursos, enriquecimiento ilícito, peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.
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Por dichos delitos, informó que a la fecha se han denunciado a 87 personas, de las que 41 son ex servidores públicos y 46 dueños, socios, representantes, accionistas y abogados de empresas vinculados a estos hechos delictivos.
