Familiares de desaparecidos obligaron a la reserva sobre desaparición forzada

La reciente eliminación de la reserva  al Art 9 de la Convención Interamericana sobre desaparición Forzada de personas que el Estado mexicano había mantenido y que hace referencia a que los presuntos responsables de los hechos constitutivos del delito de desaparición forzada de personas sólo podrán ser juzgados por las jurisdicciones de derecho común competentes en cada Estado, con exclusión de toda jurisdicción especial, en particular la militar, es un avance que no hubiera sido posible si no fuera “gracias a  la lucha y la persistencia que miles de personas y familiares de  desaparecidos  han mantenido por años,”  señala el comité “Hasta Encontrarlos.”Sin embargo, a casi siete años de la desaparición de los militantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR), Gabriel Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, la agrupación encabezada por la hija de Reyes Amaya, Nadine Reyes, señala que “haber eliminado la reserva a la Convención no es suficiente, pues aun quedan pendientes muchas medidas que el Estado tiene que realizar para erradicar por completo este crimen de lesa humanidad.”La agrupación comenta que “la medida no es una dadiva del gobierno”; es una respuesta a la exigencia de “búsqueda de verdad, justicia, memoria y reparación integral del daño” para víctimas de desaparición y sus deudos.”La eliminación de la reserva debe de ir acompañada también de la eliminación del fuero militar,  para que en verdad en los hechos los militares que han sido responsables de cometer este crimen de lesa humanidad por fin sean enjuiciados y castigados, ya que hasta el momento esta protección que tienen hace imposible  castigarlos en las jurisdicciones comunes u ordinarias”, precisa el comité “Hasta Encontrarlos”.Así, la agrupación exige que el Estado mexicano “presente con vida a todas las víctimas de desaparición forzada de ayer y de hoy.” Que se promulgue una Ley General contra la Desaparición Forzada de Personas, a fin de que se garanticen la prevención, sanción y erradicación de la práctica de la desaparición forzada de personas, contemplando asimismo medidas concretas y eficaces de protección, derecho a la verdad, justicia y reparación integral del daño a las víctimas de este delito.El comité demanda el establecimiento de un registro público nacional de personas desaparecidas forzadas ? cuyo diseño, implementación y seguimiento cuente con la participación de la sociedad civil ?, a fin de que no se sustraiga de sus obligaciones y se cuente con un control estadístico y transparencia sobre esta situación.Asimismo instan al Estado mexicano a implementar una instancia especializada encargada de realizar la búsqueda de personas desaparecidas, así como de un órgano independiente e imparcial que permita resguardar y proteger las muestras de ADN de aquellos familiares que otorguen su consentimiento al respecto, a fin de crear un banco de ADN que sea útil para la búsqueda y registro de los casos de desaparición forzada.Deben establecerse protocolos de actuación más efectivos en materia de investigación de los hechos y persecución de los responsables de este delito; asimismo, urgen al Estado mexicano a sancionar “efectivamente y en la jurisdicción ordinaria” a los elementos de las Fuerzas Armadas involucrados en casos de desaparición forzada en el actual contexto de militarización de la seguridad pública.Por ultimo “Hasta Encontrarlos” exige al Estado mexicano que reconozca a la brevedad la competencia del Art. 31 del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, para reforzar el entramado de protección internacional de los derechos humanos de toda persona en caso de desaparición forzada; que asuma sus obligaciones en materia de investigación de los hechos, sanción de los responsables y reparación integral del daño para las víctimas de desapariciones forzadas  y otras violaciones graves de los derechos humanos durante el período llamado ?guerra sucia?, adoptando medidas simbólicas, jurídicas, económicas y políticas para garantizar la satisfacción de las expectativas de justicia transicional en el país y el combate a la impunidad y que se cumpla “cabalmente” la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de la desaparición del señor Rosendo Radilla.MP