México.- Este miércoles se informó que, en colaboración entre las Fiscalías de Baja California y Sonora, elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) cumplimentaron tres órdenes de aprehensión emitidas por una juez de Tijuana, quien acusó el delito de fraude contra más de 700 estudiantes de bachillerato.
Fue gracias a los trabajos de campo y gabinete de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de Baja California, que se logró ubicar en Sonora a los presuntos responsables de fraude a los estudiantes de las escuelas privadas: Centro de Asesorías Técnicas de Tijuana (CEATT), de IECA, del Centro Educativo de Baja California (CEBC) y de ACIT Educación.
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Dada la situación, se solicitó la colaboración interinstitucional de la Fiscalía de Sonora para sus detenciones, por lo que se logró la aprehensión de Alfonso Rafael “N.”, de 26 años de edad, y Beatriz “N.”, ambos originarios de Tijuana, Baja California, así como a Bryan Alexis “N.”, de 35 años, originario de El Salvador.
Estas personas fueron capturadas por agentes AMIC en la colonia Villas del Real, de Hermosillo, Sonora, y entregados a las autoridades de Baja California para que se continúe con su proceso legal en dicha entidad.
Las detenciones fueron producto de las denuncias interpuestas por estudiantes de Tijuana y Mexicali, que confiaron en la oferta educativa de las escuelas que ofrecían concluir el bachillerato en unos cuantos meses, sin embargo, ninguna de ellas estaba acreditada para entregar certificados con validez oficial.
Se informó que Alfonso Rafael ‘N’ fungía como dueño y director del CEBC y Beatriz ‘N’ era administradora de ACIT Educación, sin embargo, tras cometer el delito de fraude, ambos desaparecieron sin rendir explicaciones o hacerse responsables por las afectaciones a los estudiantes.
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En estos centros educativos, los alumnos pagaban cuotas para cumplir con su carga académica y obtener su certificado de bachillerato, pero esto no fue posible y todo quedó al descubierto cuando fueron informados de que sus estudios carecían de validez oficial ante la Secretaría de Educación Pública.
Ante esta situación y teniendo en cuenta que las empresas educativas cerraron sus puertas de manera inesperada, los estudiantes denunciaron los hechos en la Fiscalía del Estado de Baja California, solicitando una solución, el reembolso de sus cuotas y recuperar la documentación personal que les pidieron a su ingreso a esas “escuelas patito”.
