México.- Este miércoles 9 de abril, el Congreso del estado de Yucatán dio un paso importante en materia de derechos reproductivos, ya que aprobó por mayoría una serie de cambios al Código Penal que permitirán la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 12 semanas de gestación.
Sin embargo, la reforma constitucional que buscaba armonizar esta medida con la Carta Magna estatal no alcanzó los votos necesarios, por lo que la entidad permanece en desacato a una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
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Con 22 votos a favor y 13 en contra, los legisladores avalaron la modificación al Código Penal local. Esta medida elimina la criminalización del aborto en las primeras 12 semanas de embarazo, y ordena la derogación del artículo 382, que tipificaba la interrupción voluntaria del embarazo como delito.
Pese a ello, la reforma constitucional paralela —que buscaba dar cumplimiento a la sentencia emitida por la SCJN en diciembre de 2024— no logró reunir las dos terceras partes del Congreso requeridas para su aprobación. Se necesitaban 24 votos de un total de 35 diputados, pero la iniciativa obtuvo solamente 22.
Una vez concluido el plazo legal, cualquier interrupción del embarazo posterior a las 12 semanas será considerada un delito, con penas que van desde tres meses hasta un año de prisión o, en su defecto, de 50 a 200 días de trabajo comunitario.
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La decisión del Congreso yucateco marca un avance en el acceso a derechos reproductivos, aunque también deja pendiente una deuda legislativa con la Constitución estatal y con la resolución del máximo tribunal del país.
