México.- Este martes 2 mayo, a poco más de un mes de haber ocurrido la tragedia que dejó 40 migrantes muertos en Ciudad Juárez, Chihuahua, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha exhortado al gobierno mexicano a investigar y sancionar a los responsables del incendio, así como también a reparar adecuadamente los daños a las víctimas.
El organismo emitió un comunicado refiriéndose a lo urgente que es resolver y hacer justicia por este caso, además, expresó su solidaridad con las víctimas y los familiares de las víctimas. En la declaración se lee:
A un mes de los hechos señalados, la CIDH reitera su solidaridad con las víctimas y sus familias, y urge al Estado a actuar con debida diligencia para investigar, sancionar a responsables, reparar adecuadamente a las víctimas y adoptar medidas urgentes para evitar la repetición de estos hechos.
Te puede interesar: AMLO: Migrantes iniciaron incendio para poder salir pero terminó en desgracia
La CIDH reconoció las acciones del Estado tras la tragedia, como la suspensión definitiva de las actividades en la estancia provisional; la entrega de tarjetas de visitante por razones humanitarias; el inicio de las investigaciones, y la creación de un consejo para la protección de derechos humanos de los migrantes.
No obstante, solicitó a México aplicar protocolos y medidas que garanticen de manera fiable y efectiva la identificación de las víctimas y la entrega de sus cuerpos a sus familias, con pleno acceso a la información durante los procedimientos.
En medio de este contexto, el organismo internacional hizo énfasis en que los migrantes y sus familias tienen el derecho a conocer la verdad de lo ocurrido en el lugar de la tragedia. Además, también deben ser compensados con asistencia, protección, acceso a la justicia y reparación plena y efectiva de los daños sufridos.
Sigue más noticias como esta en nuestra sección México
Finalmente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos remarcó que el Estado debe ser garante de derechos frente a las personas bajo custodia, pues apuntó:
(…) el Estado debe garantizar que la detención se utilice únicamente de conformidad con lo autorizado por la ley y solo cuando sea necesaria, razonable en todas las circunstancias y proporcional a un propósito legítimo.
