El Gobierno de México ordenó ocultar entre dos y cinco años el contenido de los contratos para adquirir las vacunas contra el Covid-19, con el argumento de que hay acuerdos de confidencialidad suscritos con las farmacéuticas para no divulgar sus secretos industriales y comerciales, según diez resoluciones oficiales que analizó Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). Entre la información secreta está el precio pagado por cada dosis.
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Las cláusulas de confidencialidad establecen que en caso de que la Secretaría de Salud reciba una orden judicial para dar a conocer información comercial contenida en los contratos de las vacunas, deberá dar aviso a las farmacéuticas para que soliciten un amparo o medida cautelar y así mantener los datos en secreto.
Según sostienen las resoluciones que revisó MCCI en el marco de un trabajo conjunto de la alianza “Vigila la Pandemia”, realizado junto con periodistas de Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Panamá y Argentina, que han solicitado en los últimos meses acceso a las condiciones de contratación de vacunas. Las respuestas de las autoridades en todos los países han sido la negativa a abrir la información o incluso el silencio.
Además, el Gobierno mexicano ordenó reservar hasta diciembre de 2025 la información relativa a los expedientes, archivos y bases de datos en torno a la campaña de vacunación, argumentando que podría ser utilizada por grupos de la delincuencia organizada para “desestabilizar y afectar la operación del programa de vacunación, ya sea sustrayendo las vacunas o ejerciendo algún tipo de violencia”, según se lee en la resolución de la Secretaría de Salud consultada por MCCI.
La primera resolución para reservar la información de la compra de vacunas fue tomada por el gobierno mexicano en septiembre de 2020. En aquel entonces, la decisión fue sobre un convenio suscrito con los laboratorios CanSino Biologics y Walvax Biotechnology de China.
A partir de entonces se garantizaron una serie de reservas tanto en la Secretaría de Salud como en la Cancillería, que protegen la información de todas las farmacéuticas con las que se han suscrito acuerdos, convenios o contratos para la inmunización.
Todas las resoluciones argumentan que hay un acuerdo de confidencialidad y que la difusión de información pone en riesgo, además, la seguridad nacional.
