?Roma, Italia.- El Senado italiano aprobó hoy la iniciativa de ley que prevé
limitar el uso de intercepciones telefónicas en investigaciones
judiciales y de
la policía, y prohibir su publicación por los medios de comunicación.
Por 164 votos a favor, 25 en contra y el abandono del aula
por parte de senadores de partidos de oposición, la Cámara Alta dio su
visto
bueno a la normativa.
Sin embargo, para volverse ley del Estado deberá pasar en
tercera lectura a la Cámara de Diputados en un tiempo breve, donde se
prevé su
aprobación y tendrá que ser firmada por el presidente de la República,
Giorgio
Napolitano.
Según el ministro de Justicia, Angelino Alfano, la ley ‘es
un óptimo punto de equilibrio entre la necesidad de garantizar la
privacidad de
los ciudadanos y la exigencia de realizar investigaciones (judiciales)
profundas’.
Pero la normativa ha causado rechazo entre la oposición, los
medios de comunicación y la magistratura, que considera que serán
penalizadas
indagaciones sobre el crimen organizado.
En signo de protesta legisladores del opositor partido
Italia de los Valores ocuparon durante la noche la sede del Senado y
debieron
ser desalojados antes del inicio de las votaciones.
El líder de esa formación política, Antonio Di Pietro dijo
que el Parlamento se encuentra en un estado de ‘ilegalidad’ y denunció
que una
ley de ese tipo no fue aprobada ni siquiera durante el fascismo.
‘Esta ley tutela mejor a los criminales que a los ciudadanos
y mata el derecho a ser informados’, declaró, por su parte, la senadora
Anna
Finocchiaro, del también opositor Partido Democrático.
La iniciativa limita el uso de las intercepciones
telefónicas en indagaciones judiciales y de la policía. Establece que
solamente
podrán realizarse cuando se detecten ‘graves indicios de delito’ y por
un
tiempo máximo de 75 días.
Además permite las grabaciones ambientales sólo por un lapso
de 72 horas, aunque veta la instalación de micrófonos ocultos en lugares
privados.
La normativa prohíbe, además, la publicación por los medios
de comunicación de las escuchas telefónicas y establece multas de hasta
450 mil
euros para los dueños de los diarios y de un mes de cárcel para los
periodistas.
La Federación Nacional de la Prensa llamó a una serie de
movilizaciones contra la iniciativa de ley, promovida por el Partido del
Pueblo
de la Libertad (PDL), del primer ministro, Silvio Berlusconi,
protagonista de
comprometedoras escuchas telefónicas difundidas por los medios de
comunicación.