Nicaragua.- La situación en Nicaragua está lejos de normalizarse, pues la represión y las continuas violaciones a los derechos humanos siguen presentándose bajo el régimen del presidente Daniel Ortega. Sin embargo, este miércoles 18 de enero la problemática pareció escalar a otros niveles tras el juicio en el que el obispo Rolando Álvarez fue declarado culpable.
Meses atrás se reveló que el obispo nicaragüense, crítico del gobierno de Daniel Ortega, había sido detenido durante una serie de agresiones que se oficiaron en contra de la iglesia, donde también fueron retenidos otros religiosos y destruidos cantidad de lugares sagrados. Y, aunque los hechos fueron altamente rechazados por la comunidad internacional, el mandatario de 77 años se negó a liberarlos.
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Ahora, autoridades judiciales informaron que Rolando Álvarez fue enviado este martes a juicio tras una audiencia en Managua, siendo acusado de conspiración y propagación de noticias falsas en relación con Ortega y sus métodos de gobierno.
A través de una nota judicial, en la que no se precisó la fecha del juicio, el organismo indicó que se “admitió el intercambio de información de pruebas y remitió la causa contra Álvarez a juicio”, lo cual ocurre tan solo unos días después de que el mismo Daniel Ortega ofreciera “destierro o cárcel” para el ya mencionado obispo.
El obispo de 56 años – quien presidía la diócesis del departamento norteño de Matagalpa – fue acusado en diciembre por la fiscalía de los delitos de conspiración “para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas” a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Ahora, en la comparecencia en el Distrito Penal de Audiencia, la justicia confirmó la decisión de mantener al prelado bajo arresto domiciliario en una residencia de la capital, donde fue ingresado por la policía en agosto.
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Por último, cabe apuntar que, junto con Álvarez, también fueron detenidos al menos seis religiosos más, quienes permanecen en una cárcel de Managua sin que se conozcan oficialmente los cargos que enfrentan. Esta situación ocurre en medio de las tensas relaciones que la Iglesia católica tiene con el gobierno izquierdista de Ortega desde las protestas opositoras de 2018.
