Bogotá.- Dedicado a liderar la
oposición contra su sucesor Juan Manuel Santos, el expresidente
colombiano Álvaro Uribe tuvo estos días una de las semanas más difíciles
de los últimos tiempos por nuevas denuncias de supuestos nexos con
paramilitares y la apertura de una investigación en su contra.
Uribe, que gobernó de 2002 a 2010, fue salpicado este jueves por más
denuncias de quien fuera el máximo jefe de las paramilitares
Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Salvatore Mancuso, quien desde
hace meses asegura que esas bandas de ultraderecha, culpables de
innumerables delitos de lesa humanidad, lo apoyaron, destacó DPA.
Mancuso lideró el proceso de desmovilización de las AUC durante el
gobierno de Uribe, entre 2003 y 2006, pero en 2008 fue extraditado a
Estados Unidos bajo cargos de narcotráfico junto con otros jefes de esa
organización.
Según Mancuso, su extradición tenía el objetivo de silenciarlo, mientras
que el gobierno de Uribe dijo que se debió a que incumplió compromisos
del proceso de desmovilización al incurrir en narcotráfico.
El delincuente, en una declaración por teleconferencia ante fiscales
colombianos, reiteró denuncias en el sentido de que las AUC apoyaron a
Uribe desde la primera campaña presidencial de 2002 con actividades
logísticas como la entrega de propaganda y camisetas con el símbolo del
candidato en sus zonas de influencia.
El exjefe paramilitar dijo que el apoyo obedecía a que las AUC
consideraban que el de Uribe “era el mejor gobierno” y que así los
paramilitares se sentían “más protegidos”.
Mancuso también aludió a reuniones con miembros de la campaña de Uribe,
pero se abstuvo de revelar nombres con el argumento de que siente temor
por posibles represalias contra sus familiares.
Aunque las denuncias de Mancuso no son nuevas, llamaron la atención
porque para Uribe representaron el final de una complicada semana que
empezó el lunes con la confesión de quien fue su jefe de seguridad entre
2002 y 2005, el general retirado Mauricio Santoyo, sobre vínculos con
los paramilitares.
Santoyo, preso en Estados Unidos desde comienzos de julio, admitió que
colaboró con las AUC entre 2001 y 2008, lo que provocó una enorme
controversia en el país y exclamaciones de analistas sobre hasta qué
punto llegó la penetración paramilitar en el Estado.
El congresista Iván Cepeda pidió a la Comisión de Acusación de la Cámara
de Representantes que abra una investigación para establecer si Uribe
tiene alguna responsabilidad, por acción u omisión, en el caso del
general retirado de la Policía Nacional.
“Es un hecho que el poder paramilitar estaba enquistado en lo más alto
del gobierno”, dijo Cepeda, dirigente del partido opositor de izquierda
Polo Democrático Alternativo y quien desde hace años insiste en las
denuncias sobre los presuntos nexos de Uribe con las bandas armadas de
ultraderecha.
Pero Cepeda no se detuvo en el caso de Santoyo y afirmó que “llegó la
hora” de que Uribe sea investigado porque en su entorno político,
personal y familiar hay personas comprometidas con delincuentes.
El congresista recordó los casos de Dolly Cifuentes, que tuvo una hija
con un hermano de Uribe y hace poco fue extraditada a Estados Unidos por
narcotráfico, así como los del ex senador Mario Uribe -primo del ex
presidente- y Jorge Noguera, ex jefe del servicio secreto durante su
gobierno, condenados a prisión por sus vínculos con las AUC.
La misma Comisión de Acusación, que desde hace meses investiga a Uribe
en varios procesos, entre ellos el sonado caso de espionaje del servicio
secreto contra magistrados, periodistas y defensores de los derechos
humanos, también anunció esta semana la apertura de otra pesquisa contra
el exjefe de Estado por el bombardeo en Ecuador contra un campamento
guerrillero.
La acción militar fue ejecutada en marzo de 2008 en un sector selvático
del norte de Ecuador, donde unas 25 personas murieron en un campamento
de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), entre ellas
quien era considerado su segundo jefe, alias “Raúl Reyes”.
En el plano político, Uribe tuvo también una semana poco afortunada,
pues en medio de sus frecuentes críticas contra Santos acusó al gobierno
de estar negociando en secreto con las FARC, lo que produjo una
reacción del Congreso y los partidos a favor del inicio de un proceso de
paz.IN
