Estados Unidos. Un total de 11 países latinoamericanos y caribeños emitieron un contundente llamado a no criminalizar la migración ante las políticas anunciadas por Donald Trump, quien e próximo 20 de enero asumirá la presidencia de Estados Unidos.
En el marco de la “Declaración de la Reunión sobre Movilidad Humana en la ruta Norte del continente”, los gobiernos alertaron sobre las consecuencias sociales y legales de las deportaciones masivas.
El pronunciamiento, firmado por Belice, Brasil, Colombia, Cuba, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México y Venezuela, rechaza las medidas coercitivas unilaterales que, según señalaron, impactan negativamente a las comunidades más vulnerables. Los firmantes instaron a respetar el Derecho Internacional y los derechos humanos, demandando un enfoque humanista en la gestión migratoria.
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En la declaración se plantea una solución integral que incluye promover trabajos temporales para migrantes y establecer líneas financieras destinadas a combatir las causas estructurales de la migración, como la pobreza, la inseguridad y la falta de empleo en los países de origen.
Este esfuerzo se enmarca en el principio de responsabilidad compartida, con la participación de gobiernos, sociedad civil, el sector privado y organismos internacionales.
Los países también reafirmaron su compromiso de proteger a los migrantes de redes criminales dedicadas al tráfico de personas y de políticas que los expongan a riesgos adicionales. Además, se subrayó la importancia de reactivar los encuentros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) para promover un espacio amplio de diálogo y coordinación.
Finalmente, los gobiernos destacaron que el desarrollo sostenible, el combate a la desigualdad y la lucha contra el hambre son esenciales para abordar las raíces del fenómeno migratorio.
